El viceministro de Régimen Interior y Policía, Javier Issa, informó este martes que el Ministerio de Gobierno apeló la detención domiciliaria de Wilson Cáceres Cárdenas, ejecutivo de la Federación de Interculturales de Santa Cruz, quien fue aprehendido el viernes de la semana pasada, por el presunto delito de uso indebido de un vehículo del Estado, y luego fue liberado.
“El Ministerio de Gobierno se constituyó en parte en el proceso en todas sus instancias. Hemos apelado esta determinación de la detención domiciliaria”, declaró la autoridad, quien espera que las autoridades judiciales reconsideren su decisión, según un reporte del Ministerio de Gobierno.
Efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Santa Cruz aprehendieron a Cáceres junto a su esposa Fabiola Yenny G. D. tras allanar el domicilio particular en el que se encontraban, lugar en el que se encontró un vehículo de propiedad del Estado.
“La policía detuvo a este señor Wilson Cáceres Cárdenas, quien estaba utilizando un vehículo oficial, y fue puesto a disposición del Ministerio Público junto a su esposa en la ciudad de Santa Cruz. Ambos se beneficiaron con detención domiciliaria”, remarcó.
Sin embargo, el mismo viernes, la defensa de Cáceres dijo que la policía no pudo demostrar que el vehículo en cuestión era propiedad del Estado, por lo que la Fiscalía procedió a liberarlo. Agregó que la propiedad allanada es de propiedad de los interculturales, lo que se demostró con documentos de Derechos Reales.
No obstante, este martes Issa aseguró que se logró verificar que el motorizado es un bien del Estado y que éste se encontraba en la vivienda particular ubicada en la avenida Cambódromo sexto anillo de la capital cruceña.
En esta casa se encontró el vehículo blanco marca Toyota, tipo Land Crusier, color blanco, sin placa de circulación. El caso continúa en proceso de investigación en la División Corrupción Pública de la FELCC.
Este es el segundo caso en que la Policía evidencia que personas particulares tienen en su poder un motorizado de propiedad del Estado. El primero se registró el 23 de julio, cuando efectivos policiales encontraron en la sede de la Federación Departamental de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, un vehículo oficial (ambulancia) que pertenecería al Ministerio de Salud, pero que se usaba con otros fines.
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