El Comité de “Justicia y Paz”, conformado por el Ministerio de Justicia, admitió un total de 382 denuncias de personas que afirmaron ser víctimas de persecución política-judicial durante el Gobierno del MAS.
Dicha entidad fue establecida a finales de 2019, con el objetivo de recibir denuncias y atender a personas que sufrieron la privación de su libertad o exilio debido a la persecución política mediante mecanismos judiciales, en el periodo entre el 22 de enero de 2006 y el 10 de noviembre de 2019, tiempo en que gobernó Evo Morales.
El viceministro de Justicia, Huberth Vargas, indicó que el plazo para las denuncias feneció el 8 de junio y que se recepcionaron 544 casos, de los cuales 382 fueron admitidos.
Explicó que se rechazó 162 denuncias por motivos como presentación fuera del plazo o que no corresponden al periodo establecido de 2006 a 2019.
Vargas destacó que entre las denuncias atendidas están el del caso terrorismo, caso Porvenir, caso Achacachi, Adepcoca, caso Leopoldo Fernández y caso Franclin Gutiérrez.
Recalcó que el objetivo del Comité fue atender a las víctimas y buscar que se defiendan en libertad o que puedan regresar al país, si es que se encontraban en el exilio.
Indicó que se ha brindado asesoramiento y patrocinio a los afectados. Asimismo, señaló que entre las acciones tomadas se pasó los casos a las entidades implicadas para que analicen sus fundamentos y se prevé acudir al Consejo de la Magistratura para auditorías jurídicas.
El Viceministro indicó que ahora dependerá de las personas afectadas si siguen otros procesos por la vulneración que sufrieron.
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