El caso antígenos nasales, que determinó una detención preventiva de seis meses para el gobernador titular de Potosí, Jhonny Mamani, consiste en la compra de esas pruebas de detección de covid-19 en hasta 40 Bolivianos por unidad cuando estas fueron adquiridas por otras instituciones en un precio unitario de Bs 20 o menos, lo que determina un sobreprecio del 100 por ciento en compras con dinero del Estado.
Esa fue la explicación que hizo la diputada Lissa Claros, que fue quien investigó estas adquisiciones presuntamente irregulares y denunció por estas a Mamani y una decena de funcionarios y ex funcionarios del Servicio Departamental de Salud de Potosí.
Tras la denuncia de la legisladora, el Ministerio Público investigó el caso y encontró suficientes indicios para imputar a Mamani y los demás denunciados por delitos como negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas, incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias, conducta antieconómica y suscripción de contratos lesivos al Estado.
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