El viceministro de Régimen Interior y Policía, Javier Issa, informó que los casos positivos de coronavirus en dos recintos penitenciarios subieron a 82 y que el proceso de liberación de internos en aplicación del decreto de Indulto y Amnistía no avanza por razones burocráticas.
La autoridad indicó que uno de los principales problemas en las cárceles del país es el hacinamiento, situación que convierte a los internos en una población vulnerable ante la pandemia del coronavirus.
"Tenemos dos recintos penitenciarios en los cuales hay confirmados de Covid; uno es Palmasola, en Santa Cruz, donde se tienen 89 personas aisladas y 56 que han dado positivo al coronavirus; y la otra cárcel es Mocoví, en Trinidad, Beni, dónde son 26 privados de libertad los que han dado positivo al COVID-19", señaló Issa a Bolivisión.
Sobre Palmasola, agregó que 14 privados de libertad fueron evacuados a centros de salud por presentar complicaciones en su salud, y de estas dos se encuentran en estado crítico en unidades de terapia intensiva.
Indicó que en la cárcel cruceña hasta el momento no hay ninguna reclusa infectada. Dijo que muchas están con sus hijos y pese a que pidieron que sean evacuados, no ha sido posible por la negativa de las madres.
"Ojalá la enfermedad no llegue a ese lugar, estamos tratando de sacar a estos menores de edad por el riesgo que existe, pero lamentablemente las madres no quieren separarse sus hijos y nosotros no podemos obligar a las madres a que se separen de los hijos", apuntó.
Sobre el decreto de Indulto y Amnistía, que tiene el propósito de reducir el hacinamiento en las cárceles por la emergencia sanitaria, Issa lamentó que el proceso de liberación sea muy lento.
"Hay hacinamiento en la mayoría de las cárceles (...), se está trabajando en el decreto de indulto, pero lamentablemente esto no está siendo tan rápido como creíamos que iba a ser, la burocracia es un poco lenta y está frenando los indultos", refirió.
Informó que el Gobierno está tratando de mejorar el procedimiento para que las personas que estén dentro del decreto, con el cumplimiento de requisitos, puedan salir de las cárceles los más rápido posible.
El gobierno estima que el decreto de Indulto y Amnistía posibilitará excarcelar a al menos 1.800 privados de libertad de los distintos centros penitenciarios del país, como medida paliativa para reducir el hacinamiento y prevenir posibles contagios y brotes de COVID-19.
La Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó el decreto de Indulto y Amnistía presidencial el 30 de abril y desde entonces no se conoce la cantidad de personas beneficiadas.
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