En la misma audiencia del caso Terrorismo, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, hizo saber al juez Sixto Fernández que el Gobierno se retira como parte acusadora. El juez respondió que seguirá con dos jueces técnicos el proceso abierto en 2009, mientras que el fiscal Marco Rodríguez anunció que la Fiscalía hará un análisis, sin dar mayores elementos.

Murillo asistió a la audiencia celebrada en el Palacio de Justicia y, ante el tribunal, aseguró que llegó personalmente para retirar la denuncia presentada por el Gobierno y que derivó en una investigación contra más de 30 personas. Esa pesquisa anuló a la dirigencia política y cívica cruceña de ese entonces.

“El Ministerio de Gobierno ha retirado la acusación falsa que han hecho los del Movimiento Al Socialismo para hacer persecución falsa a un grupo de personas para meterles miedo a los cruceños, para perseguir a los cruceños para no dejarlos que se muevan en libertad, como siempre se han movido los hermanos cruceños”, justificó el titular de Gobierno, Arturo Murillo.

"El Ministro de Gobierno, en actitud que lo ennoblece, acaba de retirar la acusación particular en este juicio. Gracias a Dios!", escribió Gary Prado, abogado de la defensa, en su cuenta en Twitter.

El 16 de abril de 2009 los bolivianos amanecieron con la noticia de la desarticulación de una supuesta célula terrorista. Varios líderes políticos y cívicos fueron involucrados en las investigaciones por el fiscal Marcelo Sosa, hoy asilado en Brasil. Desde su asilo, denunció que se armaron pruebas, en tanto que en Bolivia fue condenado a 12 años de cárcel por extorsión.

Fernandez respondió en la misma audiencia que seguirá con el proceso y dejó en manos de los involucrados acudir o presentar los recursos legales que vean conveniente.

“Se dispone la prosecución del presente juicio con dos jueces técnicos, con esta determinación quedan citados motivados, emplazados y facultados a ejercer la apelación que estimen por conveniente u optar por cualquier recurso que estima por conveniente la ley”, explicó el juez que preside el tribunal de sentencia.

Mientras que para la Fiscalía es necesario analizar la decisión tomada por el Gobierno, principal acusador en este caso. Por ser un delito de orden público, la Fiscalía debiera seguir de oficio el caso, pero Rodríguez anunció que cualquier decisión debe estar enmarcada en los procedimientos penales.