El Gobierno y Unidad Demócrata (UD) preparan recursos para que la "Ley de Garantías", que fue aprobada por el Movimiento Al Socialismo (MAS) aprovechando su mayoría en el Senado y Diputados, sea declarada inconstitucional.
Consideran que esta norma busca proteger a los "responsables de la violencia", generada tras la renuncia de Evo Morales a la presidencia de Bolivia durante los días crisis que vivió el país.
El senador Oscar Ortiz señaló que los legisladores del MAS, actuaron al margen de la ley y de la Constitución. Adelantó que hoy viajará a Sucre para interponer un recurso de nulidad ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
“No se ha respetado el procedimiento establecido en el reglamento general de la Cámara de Senadores, que, además está fundamentado en el procedimiento legislativo constitucional", justificó Ortiz.
El Gobierno ha reiterado en varias oportunidades que la presidenta Jeanine Áñez no promulgará esa ley. Consideran que muchos aspectos que aborda esta norma ya están establecidos en la Constitución.
El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, manifestó que apenas tengan la ley en su poder será remitida al TCP y se realizará una consulta a esta institución para conocer si vulnera la Constitución Política del Estado.
Además, advirtió que en el caso de que esta ley sea promulgada se estaría vulnerando la independencia de poderes.
“Nos piden que soltemos a las personas que están detenidas y este Gobierno no lo va a hacer. El poder Ejecutivo no puede tener injerencia en el poder Judicial", agregó.
La Ley para el Cumplimiento de los Derechos Humanos, que anteriormente era denominada como Ley de Garantías, fue tratada el pasado viernes en la Cámara de Senadores que luego de realizar algunos cambios remitió la norma a la Cámara de Diputados, que ayer martes la aprobó en grande y en detalle.
