Los senadores de UD y del PDC abandonaron anoche la sesión del Senado cuando el MAS empezó el tratamiento de la ley de Garantías Constitucionales para víctimas y movilizados nacionales y extranjeros en los conflictos de noviembre. Los legisladores del partido de Evo Morales aprobaron la norma que debe garantizarse la plena vigencia de derechos para los líderes sociales, cívicos y políticos, además para las personas movilizadas del campo y la ciudad.
La iniciativa legal fue devuelta a Diputados, instancia donde se aprobó el 6 de diciembre, porque hubo modificaciones. El Gobierno de Jeanine Áñez rechazó la norma y advirtió con no promulgarla cuando fue aprobada en Diputados.
El parágrafo primero del artículo 7 establece: “El Estado, a través de sus órganos y sus institucionales competentes garantizarán el pleno ejercicio de los derechos, libertades y garantías constitucionales para los bolivianas y bolivianos, extranjeras y extranjeros residentes en Bolivia, comprendiendo entre estos a los líderes sociales, dirigentes sindicales, dirigentes cívicos y políticos, así como personas movilizadas del campo y la ciudad en todo el territorio nacional”.
El parágrafo siguiente añade: “Las bolivianas y bolivianos, los extranjeras y extranjeros residentes en Bolivia para el resguardo efectivo de sus derechos que consideren estén siendo vulnerados, amenazados, hostigados o consideren que su vida, integridad física y/o sus bienes estén en riesgo, a sola denuncia verbal o escrita ante autoridad competente deberán activar de manera inmediata las acciones necesarias, pertinentes y eficaces”.
