El ministro de Gobierno, Carlos Romero, advirtió que la dirigencia cívica será responsable de los actos violentos que se podrían registran en un posible desalojo de campesinos en la Chiquitania y señaló que se están tomando atribuciones que no corresponden.

"Cada uno es responsable de sus actos, sea autoridad política, sea dirigente social, sea dirigente cívico, cada uno es responsable de sus actos", dijo.

Indicó que el INRA es la instancia competente para determinar la ilegalidad de los asentamientos y en ese sentido proceder a los respectivos desalojos. 

Mario Chambi, presidente de la Comisión Tierra Territorio de la Confederación de Campesinos de Bolivia (Csutcb), manifestó que los cívicos cruceños se creen dueños del país.