El fiscal departamental de Cochabamba, coronel Nelson Miranda Zamorano, solicitó el repliegue y prohibición de viajes del director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), coronel Maximiliano Dávila, para que sea investigado por un presunto hecho de extorsión al empresario Wilson Sahonero.

"A fin de garantizar la asistencia del funcionario policial a todos los actos investigativos que se realicen, por el investigador asignado al caso mediante Secretaría de la Didipi, se elaboren los respectivos oficios de disposición investigativa al Comando Departamental de Cochabamba, y sea con cambio de Unidad, tiempo en el que no podrá gozar de vacación, ni viaje en Comisión, para garantizar su presencia para que se sustancie el proceso disciplinario", refiere el requerimiento fiscal.

Dávila y otros efectivos antidroga fueron denunciados por cobrar $us 300 mil al empresario Sahonero a cambio de cerrar un proceso, supuestamente armado, por legitimación de ganancias ilícitas, caso abierto en 2015. Este presunto hecho ocurrió cuando Dávila era director departamental de la Felcn de Cochabamba. 

El empresario asegura que pagó el monto acordado y además le secuestraron otra suma importante de dinero. El proceso se cerró pero después Dávila habría influido para que se reabra el caso y supuestamente solicitó $us 200 mil, un nuevo monto, para dejar sin efecto la causa, según refiere Ludwin Ledezma, abogado de Sahonero.

El empresario se negó a caer nuevamente en esa extorsión y procedió a denunciar el hecho. De ese modo, acusó a Dávila y otros uniformados por consorcio y extorsión en la vía penal. También interpuso la denuncia en la vía disciplinaria.

Miranda abrió investigaciones contra Dávila y otros policías por faltas graves con retiro o baja definitiva. A estos se los sindica de: recibir, como consecuencia de las funciones policiales, dádivas y otros beneficios personales; ordenar, instigar o ejecutar servicios policiales para fines ilícitos; destruir, modificar, alterar, extraer o utilizar de forma dolosa información de la Policía Boliviana, sea en medios físicos o informáticos; y expedir o presentar certificados o copias legalizadas de documentos falsos o alterados en su contenido.