El gobernador tarijeño Adrián Oliva denunció una persecución judicial en su contra con la intención de perjudicarlo en su gestión, luego de las medidas sustitutivas a la detención preventiva y arraigo dictaminadas por el Juzgado Segundo de Instrucción Cautelar en un caso que data de 2016 por la compra de cemento asfáltico.

A Oliva se le prohibió tener comunicación con los otros imputados y debe presentarse una vez al mes en la Fiscalía.

Dejó en claro que acudirá a todas las convocatorias que se le hagan porque no tiene nada que ocultar. "Vamos a facilitar todo en este proceso de investigación, entendiendo de que se tiene que esclarecer los hechos y dejar bien sentado que no hay ningún interés de perjudicar las investigaciones. Existe el interés de perjudicarme y perseguirme", expresó.