El Tribunal Supremo Electoral (TSE) deslindó responsabilidades sobre la denuncia de registro irregular de votantes en Riberalta (Beni) y pasó el caso al Ministerio Público.

El sábado 15, en dos videos difundidos por el portal Noti Riber, pobladores de esa ciudad denunciaron a un grupo de personas que con documentos y equipos del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) realizaba tareas de empadronamiento y supuestamente ofrecían dinero a pobladores de la ciudad beniana a cambio de que se registren como votantes en dos localidades pandinas.

El director Nacional del Servicio de Registro Cívico (Serecí), José Antonio Pardo junto al vocal del TSE, Antonio Costas, explicó que existe una posible comisión de un delito electoral, por lo que el Servicio de Registro Cívico de Pando y Beni ejecutaron las tareas de verificación de la información y se constató que una notaria de Pando estaba en Riberalta con equipos de información referidos al empadronamiento.

"No podemos afirmar aún que esta persona haya estado cometiendo algún registro irregular pero, como corresponde, y como manda la Ley 026, el artículo 239, el procesamiento o investigación está a cargo de la justicia penal. El Órgano Electoral y el Serecí no tienen atribución de iniciar investigaciones al respecto y lo que se ha hecho es derivar las denuncias respectivas durante la misma jornada del 15 ante la Fiscalía", afirmó.

La directora regional del Servicio de Registro Cívico (Serecí) de Beni, Nolvia Guzmán, denunció ayer a la Felcc a Gleizi Nakashima y otros por “delitos electorales y traslado fraudulento de personas”. Según Guzmán, estas personas serían funcionarios del Serecí de Pando.

En uno de los videos difundido por Noti Riber se puede ver a una mujer sujetando gran cantidad de documentos y Bs 7.300. “Están pagando a la gente, porque este dinero fue tumbado. Lo hemos contado públicamente, aquí están las pruebas. La secretaria nos ha brincado y nos ha arañado porque yo quería sacar las pruebas”, denunció la ciudadana.

Ante el silencio del TSE durante el fin de semana, los diputados Rafael Quispe y Wilson Santamaría anunciaron que plantearán una Petición de Informe Oral (PIO) dirigida a la presidenta del ente electoral, María Eugenia Choque, sobre las presuntas irregularidades.