El Tribunal Supremo Electoral (TSE) no sancionará el uso de bienes públicos que sean utilizados por partidos políticos para sus actos de campaña proselitista.

El vocal Antonio Costas afirmó que esa no es competencia del ente electoral, y que esa instancia se limitará a regular el manejo de la propaganda, que por ahora es un asunto ambiguo por la mezcla con la gestión por parte de autoridades que son a la vez candidatos.

El reglamento del ente electoral establece que está prohibido el aprovechamiento de espacios estatales con fines proselitistas. La oposición ve ventajas a favor del oficialismo.

Costas mencionó que la regulación de bienes públicos en campaña debe estar a cargo de la Controlaría del Estado.

“El bien (público) está regulado y quién regula el uso de ese bien (es) la Contraloría. Nosotros vamos a recibir (denuncias), pero no tenemos la capacidad de sancionar el uso del bien público, vamos a sancionar lo que corresponde a la propaganda y campaña, esa es nuestra competencia y si se denuncia el uso de bien público, hay la instancia que tiene que sancionar”, declaró Costas.

El vocal electoral adelantó que 30 días antes de la elección se prohibirá las entregas de obras por parte de autoridades que sean a la vez candidatos. En este caso serán los actos públicos de Evo Morales y Álvaro García. Aunque también hay aliados políticos de postulantes de oposición como el alcalde de La Paz, Luis Revilla, socio de Carlos Mesa, o el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, de la misma línea de Óscar Ortiz.

“Todo lo que convoque a la obtención del voto, por parte del candidato, para nosotros está considerado como propaganda. Hemos trabajado para que por 30 días antes (de las elecciones) no se haga entrega de obras, o por lo menos no se publicite las entregas de bienes por ninguna instancia de Gobierno, ya sea nacional y demás”, declaró Costas.

El artículo 26 del reglamento de propaganda, aprobada por resolución 0228/2019 del 24 de mayo por el TSE, dice que, desde 30 días antes hasta las 20:00 del día de los comicios (20 de octubre), está prohibida cualquier propaganda gubernamental en medios de comunicación, espacios públicos o digitales, en los niveles nacional, departamental y municipal, así como de los órganos deliberantes.