En medio de la polémica generada por la circulación de una fotografía en la que el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, entrega una distinción al exfiscal general del Estado, Roger Mariaca, el vocal Carlos Alberto Goitia se desmarcó de dicha acción.

En declaraciones a Correo del Sur Radio, Goitia indicó que nunca formó parte de ninguna reunión o decisión de Sala Plena en la que se hubiese autorizado la entrega de un reconocimiento a la exautoridad del Ministerio Público.

Según detalló la autoridad electoral, el pasado 3 de noviembre presentó una carta formal ante el pleno del TSE para solicitar que el tema sea abordado institucionalmente y se convoque a una conferencia de prensa para precisar que, al menos de su parte, no existió autorización alguna.

La postura de Goitia surge tras las publicaciones que señalaban que el reconocimiento entregado por Ávila contaba con el aval de la Sala Plena del TSE bajo el argumento de que se trataba de un homenaje a la Fiscalía General del Estado como institución y no a título personal.

Al abordar los procedimientos habituales del Órgano Electoral, Goitia explicó que el TSE mantiene niveles de coordinación constantes con la Policía Boliviana, las Fuerzas Armadas y la Fiscalía General del Estado durante los procesos electorales. Estas labores conjuntas comprenden el resguardo de la cadena de custodia del material electoral y la persecución de eventuales delitos electorales.

Sin embargo, el vocal remarcó una diferencia entre la coordinación operativa de trabajo y la entrega de reconocimientos honoríficos. Goitia sostuvo que el TSE no acostumbra realizar distinciones a título personal y criticó que un miembro de un cuerpo colegiado otorgue reconocimientos de manera unilateral a nombre de toda la institución electoral sin la debida aprobación formal.

Tensiones en el TSE

Las declaraciones del vocal Goitia también expusieron severas dificultades en el funcionamiento interno del TSE. La autoridad reveló la existencia de una crisis operativa caracterizada por la omisión en la entrega de las actas de Sala Plena a los vocales tras las sesiones, un procedimiento dispuesto por ley que permite dejar constancia de lo debatido y resuelto.

Asimismo, Goitia denunció la aprobación de normativas internas que restringen la entrega de información pública respecto al personal contratado en la institución —como nombres, ítems y áreas de trabajo—, catalogándola indebidamente como reservada.

El vocal manifestó su discrepancia con este tipo de medidas y con la modalidad de contratación de personal sin evaluaciones técnicas ni de carrera administrativa, señalando que estos elementos afectan la transparencia, imparcialidad y credibilidad institucional del Órgano Electoral.

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