Bolivia concluyó de manera “solvente” su defensa en el arbitraje planteado por Glencore Finance (Bermuda) en su contra por la expropiación del complejo metalúrgico Vinto, la planta de antimonio y la mina Colquiri y, en ese marco, presentó testigos de los conflictos de 2012 y acusó a la transnacional de comprar los bienes en litigio al prófugo de la justicia boliviana Gonzalo Sánchez de Lozada.

La demanda está instalada en la Corte Permanente de Arbitraje en La Haya bajo el amparo del reglamento de arbitraje de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Cnudmi).

“Hemos podido presentar al Tribunal Arbitral con mucha solvencia la posición de Bolivia en esta caso”, manifestó el procurador general del Estado, Pablo Menacho, quien se trasladó hasta París, Francia, para ese fin.

“Bolivia ha presentado en el arbitraje una serie de testimonios, además de una amplísima prueba documental que ha sido presentada de forma adjunta para respaldar sus escritos y los testigos de Bolivia han estado en París, hemos contado con personas que han vivido particularmente los conflictos que se vivieron el 2012”, afirmó.

En junio de ese año, cooperativistas y mineros asalariados se enfrentaron por el usufructo de Colquiri, La Paz, dejando decenas de heridos.

Durante los meses posteriores sucedieron bloqueos de carreteras que derivaron, en septiembre, en un enfrentamiento en la sede de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (Fstmb), en La Paz, donde falleció su afiliado Héctor Choque por la detonación de una dinamita.

“También hemos dejado muy establecido el hecho de que esta empresa suiza, esta transnacional, hacia fines de 2004 y principios de 2005, adquirió todos estos activos en Bolivia de manos, y a sabiendas, del anterior propietario que era justamente el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, sobre quien en ese momento, e incluso actualmente, recaía un juicio de responsabilidades y una solicitud de extradición en los Estados Unidos”, explicó Menacho.