A casi un año del feminicidio de Juana Uscamayta, la mujer de 23 años que fue encontrada muerta en la población de Tiquina (La Paz) con signos de haber sufrido vejaciones sexuales y una brutal golpiza, campea la impunidad y el trabajo de los operadores de justicia genera muchas dudas en los familiares y activistas de los derechos de la mujer, más con la liberación del principal acusado: su ex pareja.

Según un resumen proporcionado por la abogada de la familia de la víctima y activista, Marisol Quiroga, en 2016 Uscamayta tuvo un hijo con Sergio C., quien inicialmente se negó a reconocer la paternidad, aunque después fijó una asistencia familiar.

Juana apareció muerta el 31 de mayo de 2018 en el Cerro Marka Pata de Tiquina, comunidad próxima a Copacabana, 12 días antes (el 19) había salido de su casa en Tiquina rumbo a su trabajo en la ciudad de La Paz.

El principal sospechoso es su ex pareja, quien en esos días fue encontrado en una lancha escapando a Perú, y su madre, con todas las pertenencias de Sergio, todo preparado para un viaje, según Quiroga.

El fiscal Bladimir M., de Copacabana, generó dudas con su forma de proceder, pues según la abogada activista, rechazó realizar pericias como la quimioluminiscencia. "Nos rechazó los requerimientos, ocultó prueba y tuvimos que denunciarlo. Es a partir de las denuncias que accede y la ITO (Inspección Técnica de Obras) y la reconstrucción (de hechos) se hace en enero (de 2019), luego de siete meses", indicó.

Luego, se evidenció que la víctima y el acusado intercambiaron 25 llamadas, dos días antes del feminicidio. “En la triangulación de llamadas sale que la víctima está en el domicilio de este individuo por ocho días”, sostuvo Quiroga. Para el fiscal, la triangulación de llamadas “no es una prueba contundente”.