Un proyecto de ley a la espera de ser tratado en el Legislativo plantea que las organizaciones religiosas informen sobre actividades que desarrollan como las financieras y cierra el paso a la distribución de ingresos y patrimonio entre sus miembros.
Las Iglesias Evangélicas Unidas rechazaron en un pronunciamiento público la norma y demandaron que sea archivada debido a que busca controlar la labor que realizan las diferentes denominaciones. “No se puede fiscalizar la fe de ninguna persona”, afirmó el presidente de ese bloque de evangélicos, Roberto Solano.
Se trata del anteproyecto de Ley Libertad Religiosa, Organizaciones Religiosas y de Creencias Espirituales, que en criterio del presidente de Diputados, Víctor Borda, en ninguna parte busca que el Estado pretenda fiscalizar las actividades que desarrollan, ni mucho menos en el sector económico.
La propuesta de ley al que se tuvo acceso establece en el inciso e) del artículo 17 sobre deberes de las organizaciones religiosas: "Informar a la autoridad competente, respecto a las actividades administrativas, financieras, legales, sociales y religiosas o espirituales que realizan en el país, en el caso de las organizaciones religiosas y de creencias espirituales".
Tiene 14 artículos, una disposición transitoria, una disposición abrogatoria y otra derogatoria. En parte del artículo 11 referido a recursos y patrimonio fija que los recursos y patrimonio no podrán ser distribuidos entre los miembros de la organización.
