Ayer por la tarde, en una audiencia pública, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA solo escuchó los argumentos de los representantes de la sociedad civil y del Estado sobre la repostulación del presidente Evo Morales, pero no fijó ningún plazo para pronunciarse.

La cita desarrollada en Washington, Estados Unidos, duró poco más de una hora y asistieron por parte de la sociedad civil el rector de la UMSA, Waldo Albarracín, José Antonio Rivera, Ruben Darío Cuéllar y Mauricio Alarcón.

Por parte del Estado boliviano estuvieron presentes el canciller Diego Pary; el embajador ante la OEA, José Gonzales; el ministro de Justicia, Héctor Arce y el procurador del Estado, Pablo Menacho.

La CIDH atendió el pedido de la Fundación Observatorio de Derechos Humanos y Justicia y la Fundación de los Derechos Humanos de analizar la repostulación del presidente Morales tras la sentencia 084/2017 el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y de conocerse el martes la habilitación del binomio Evo - Álvaro para las primarias de enero de 2019.

Los representantes de la sociedad civil fueron los primeros en exponer sus argumentos contra la repostulación del presidente Morales. Luego respondieron los ministros.

Los representantes de la sociedad civil exigieron al gobierno de Morales, no usar a su antojo la aplicación del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

“Simplemente, quiero decirle a los representantes del Estado boliviano que la aplicación preferente de los tratados y convenios en materia de derechos humanos, no significa la aplicación antojadiza de lo que uno cree que quiere decir eso”, dijo Cuéllar, director de la Fundación Observatorio de Derechos Humanos y Justicia (Fodhj).

Aunque, según Arce el TCP hizo una muy buena interpretación de la Constitución aplicando de manera preferente la Convención para posibilitar la repostulación indefinida porque además subrayó que las sentencias del TCP son vinculantes, obligatorias y no admiten recurso ulterior alguno.