La Defensoría del Pueblo recomendó el inicio de procesos disciplinarios sin perjuicio de acciones penales contra los fiscales que llevaron adelante el caso del bebé Alexander, pero además observó que el tribunal no atendió el proceso durante nueve meses vulnerando los derechos de los acusados.
Esas son parte de las conclusiones de una resolución defensorial que recoge los resultados de una indagación del caso que conmocionó a la sociedad en 2014 y que en los últimos meses dio un giro luego de que la hoy exjueza Patricia Pacajes confesó que el principal acusado, Jhiery Fernández, era inocente.
“Recomendar al Fiscal General del Estado promover el inicio de las acciones disciplinarias que correspondan contra las y los Fiscales que hubieran participado en la presente causa, sin perjuicio de iniciar acciones de tipo penal si correspondiera”, se lee en el cuarto punto de la Resolución Defensorial.
Cuando comenzó la indagación, en 2014, el caso estaba a cargo de los fiscales Rosby Zapata, Edna Montoya, Lizeth Zarco y Edwin Blanco. A fines de ese mismo año, solo quedó Blanco, actual fiscal departamental de La Paz, y luego se encargó la fiscal Susana Boyán.
Pero el 12 de octubre el exfiscal Ramiro Guererro decidió cambiar a Boyán y designar una nueva comisión formada por el fiscal superior José Manuel Gutiérrez, de Sucre, y los fiscales de Materia, César García y Edwin Sarmiento.
El defensor David Tezanos Pinto aseguró que no hubo violación como estableció la Fiscalía. De hecho, la Fiscalía dijo tras destaparse el escándalo que no hay prueba científica que incrimine a Fernández.
Parte del documento dice: “De acuerdo a declaraciones de la forense María Angélica Terán, del 20 de septiembre de 2018, habría habido actuaciones que implicarían el sostener una hipótesis de acusación a ultranza al no considerar el contenido de su informe forense, al señalar ‘que no se encontró lesión compatible con la violación’”.
