Violencia y misoginia. Convertidas en acciones punibles en la legislación boliviana, estas acciones han sido reportadas últimamente con frecuencia en los colegios de Potosí, debido especialmente a la facilidad de registrarlas con un teléfono celular. Las últimas alertas en ese sentido están dirigidas contra alumnos del colegio Juan Manuel Calero que habría agredido a estudiantes del Liceo Santa Rosa y del Pichincha el viernes 17 de junio recién pasado.

En esa fecha, el Ministerio de Gobierno desarrolló su Dino Fest, una actividad que se ha estado ejecutando en diferentes ciudades del país con el propósito de concienciar a los estudiantes sobre temas de seguridad ciudadana, pero particularmente para prevenir la violencia, tanto en las escuelas como en los hogares. Irónicamente, las conductas violentas se habrían producido en el evento mismo y después, a la salida de este.

En los videos, que se habían viralizado durante el fin de semana, primero se ve la cancha del escenario deportivo, cuando estudiantes del Santa Rosa ingresan a esta, y, desde las tribunas, los del Calero las insultan cantando una canción en ritmo de tobas a la que le cambiaron la letra para poder acusar a las mujeres de "pu..." y "pros...". Hasta donde se sabe, la agresión no se justifica, puesto que no hubo provocación por parte de las señoritas.

En un segundo video, se ve a un numeroso grupo de alumnos del Calero en la plaza Simón Bolívar en una típica actitud de "bullyng" (acoso) en contra de otro de estudiantes del Pichincha, pero en menor cantidad. Aquellos aprovechan su superioridad numérica para golpear y humillar a los estudiantes a los que consideran sus "rivales tradicionales".

Estas actitudes se enmarcan en lo que la legislación boliviana, particularmente las leyes 045 y 348, consideran violencia y, por eso mismo son susceptibles de ser penalizadas.

No es una conducta reciente. La llamada “rivalidad” entre los colegios Pichincha y Calero tiene larga data y ha dado lugar a frecuentes reportes de agresiones mutuas. Se visibilizan ahora debido a que son grabadas con teléfonos celulares y difundidas por las redes sociales.

Hace poco, la Defensoría del Pueblo promovió un proceso administrativo contra un profesor del Pichincha que abofeteó a un estudiante en clases, en un hecho que fue filmado y viralizado, y llegó hasta la sentencia.

El estudiante afectado no denunció la agresión y sus padres hicieron conocer su decisión de tampoco hacerlo. Es más… el maestro recibió respaldo tanto de sus colegas como del alumnado del establecimiento porque el incidente no habría pasado de la bofetada, que ni siquiera tuvo excesiva carga de violencia. Pese a todo esto, la Defensoría llegó hasta el final y el educador fue sentenciado con una suspensión de diez días sin goce de haber y el hecho ya forma parte de su expediente. Debido a ello, no podrá optar a cargos superiores en el futuro.

La Defensoría aplicó interpretaciones recientes respecto a la violencia, que está constitucionalizada. El artículo 15 de la Constitución Política del Estado dice que “todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad”, mientras que el 61 “prohíbe y sanciona toda forma de violencia contra las niñas, niños y adolescentes”.

En el caso de las supuestas agresiones del viernes, atribuidas a alumnos del Calero, existe el agravante de que insultos como los presuntamente proferidos por estos contra estudiantes del Santa Rosa son considerados violencia psicológica, en la Ley 348, y también violencia contra la dignidad, la honra y el nombre, así que son susceptibles del inicio de un proceso penal.

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