El presidente del Consejo de la Magistratura, Marvin Molina, develó que en el Departamento de Potosí se habría producido al menos siete casos en los que los jueces beneficiaron a reos peligrosos para que accedieran a la libertad.

El consejero potosino destacó que el equipo de la representación departamental del Consejo de la Magistratura de Potosí, liderado por Betzabé Saavedra, realizó la intervención al Juzgado de Ejecución Penal y detectó faltas disciplinarias.

Remarcó que la comisión revisó 1.196 expedientes en los cuales hallaron 60 casos en los que los funcionarios judiciales incurrieron en faltas disciplinarias y en el día remitieron los casos ante el juez disciplinario.

El equipo de fiscalización e investigación también encontró siete casos en los que se presume la existencia de acciones ilegales en beneficio de reos con condena.

Uno de los casos en los que habría faltas penales se refiere a un proceso en el que una persona es condenada a 15 años de reclusión sin derecho a indulto, pero de manera curiosa logró acceder al beneficio de la libertad condicional, por lo que se presume que hay irregularidades en la presentación de los requisitos.

Otro caso es el de una persona que obtuvo una condena de 20 años de cárcel sin derecho a indulto por el delito de violación, a cumplir en el Centro de Rehabilitación Santo Domingo de Cantumarca, pero posteriormente logró el beneficio de la detención domiciliaria, seguramente con certificados médicos falsos.

Un tercer caso es el referido a la fuga de un preso que tras 10 años de estar fuera de la cárcel solicita la prescripción de la pena y el juez de ejecución penal le concede el beneficio de manera irregular.

Son siete los casos identificados por lo que el Ministerio Público investigará a los condenados, a los jueces y fiscales, para que se pueda restituir la condena y, de ser necesario, procesar a quienes viabilizaron los beneficios de forma irregular.

Se destacó que será el Ministerio Público el que defina lo que corresponde en ley en cada uno de los casos porque es inconcebible que personas con condena ejecutoriada y sin derecho a indulto puedan estar libres.

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