Los magistrados prorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano, René Yvan Espada Navia, Julia Elizabeth Cornejo Gallardo e Isidora Jiménez Castro se acogieron a su derecho al silencio y no declararon ante un comité de la Cámara de Diputados, en un proceso para juicio de responsabilidades.

Los cuatro magistrados pidieron una audiencia virtual, desde la sede de sus funciones, en Sucre, para comparecer ante los integrantes del Comité de Ministerio Público de Diputados, en el marco de una investigación por las denuncias de resoluciones contrarias a la Constitución, prevaricato, usurpación de funciones y nombramientos ilegales.

Sin embargo, “en virtud a su derecho constitucional se han abstenido a declarar, se han acogido al derecho al silencio, por lo tanto, se ha cumplido este acto procesal”, informó la diputada Lidia Tupa, vocal del Comité.

Hurtado y Espada fueron denunciados por los exlegisladores del MAS René Félix Navarro Miranda y María Elisabeth Oporto Balboa por delitos de resoluciones contrarias a la Constitución, prevaricato y usurpación de funciones.

Mientras, el exdiputado Wilson Pedro Santamaría Choque presentó denuncias contra las magistradas Jiménez y Cornejo por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y nombramientos ilegales.

Continuará el proceso

Tupa afirmó que la decisión de los magistrados no será un obstáculo y que el Comité continuará con la investigación preparatoria.

“Nosotros tenemos otras herramientas, de acuerdo al procedimiento, podemos solicitar mediante requerimientos, información y documentación. La parte denunciante también va a jugar un rol muy importante porque tiene que probar los hechos denunciados a través de diferentes medios de prueba, como también los denunciados pueden hacer sus descargos de manera escrita”, indicó.

Conforme a las leyes 044 y 612, que establecen las bases para el juzgamiento de altas autoridades del Estado en un juicio de responsabilidades en la Asamblea Legislativa Plurinacional, el Comité del Ministerio Público tiene un plazo de 30 días desde la recepción de los antecedentes para remitir su informe a la Comisión de Justicia Plural.

Puede recomendar formalizar la instrucción del sumario y continuar la investigación, rechazar las denuncias o disponer su archivo.

“Una vez concluida la etapa preliminar vamos a hacer conocer a la Comisión de Justicia las conclusiones de esta investigación preliminar, debidamente fundamentada”, señaló.

Los cuatro magistrados, como el resto de sus colegas del Órgano Judicial, extendieron su mandato en 2023, debido a que no se realizaron las elecciones para designar a sus sucesores. Las elecciones fueron en diciembre de 2024, pero solo se eligieron a parte de los magistrados judiciales por una sentencia constitucional.

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