Ante la propuesta del Gobierno de implementar una ley contra la mentira en el país, en las filas del oficialismo surgen contradicciones respecto a "adecuar" la Ley de Imprenta mediante la proposición del presidente Evo Morales, hecha el 22 de agosto.

Según una declaración del 8 de septiembre expresada por la senadora del MAS, Adriana Salvatierra, el Gobierno apunta a “adecuar” la “desfasada” Ley de Imprenta y, además, y fiscalizar el uso de las redes sociales.

“Actualmente rige la ley de Imprenta que todos sabemos que está absolutamente desfasada con los actuales medios de comunicación, esto (el cambio) lo dispondrá la normativa, no somos nosotros los proponentes, sino básicamente el Ejecutivo", manifestó Salvatierra.

Sin embargo, ayer su colega de partido, el diputado David Ramos, afirmó todo lo contrario. “El objetivo no es afectar la Ley de Imprenta, que regula en este caso el funcionamiento, la línea, la conducta de los medios de comunicación. El objetivo no es afectar la Ley de Imprenta ni la libertad de expresión”, sostuvo el legislador oficialista.

En el caso del senador y jefe de bancada del MAS, Pedro Montes, evitó referirse a la posibilidad de hacer cambios a la Ley de Imprenta o sustituirla con la norma contra la mentira.

“La ley de la mentira es absolutamente correcta, porque ya no podemos hacer con la mentira una politiquería de algunos partidos políticos”, manifestó.

Respecto a la forma en que se puede fiscalizar un concepto tan abstracto como la verdad y la mentira y qué instancia dirimirá los casos, el jefe de bancada masista explicó que todos esos detalles están en análisis.

El 3 de septiembre, Morales sostuvó que ya es hora de "moralizar" a aquellos medios de comunicación que mienten con la elaboración de una ley para sancionar la mentira.

El 23 de agosto, La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP), rechazó la propuesta de implementar en el país la ley contra la mentira.