Ayer, un diario de circulación nacional reveló que en 2008, durante las negociaciones con la chilena Quiborax, la empresa planteó arreglar el arbitraje con la devolución de sus concesiones en el salar o recibir ulexita a manera de compensación, fuera de la propuesta de recibir tres millones de dólares para dar por finalizado el proceso contra Bolivia. Sin embargo, los ofrecimientos fueron declarados “inviables” por el Gobierno.
“Nosotros logramos paralizar el arbitraje entre los años 2006, 2007 y 2008, y se abrió una posibilidad de negociación por tres millones de dólares. En principio, la empresa quería la devolución de sus concesiones; luego, querían gran cantidad de ulexita, se hicieron las consultas y era inviable”, detalló el ministro de Justicia, Héctor Arce.
Respecto de por qué no se aceptó cerrar el arbitraje con un acuerdo de pago de tres millones de dólares, Arce admitió que en un determinado momento se conversó la posibilidad de cerrar la negociación con la entrega de ese monto, pero luego identificaron ilegalidades que hicieron que no se concrete ese preacuerdo.
“En algún momento se habló de la posibilidad de cerrar la negociación por esos tres millones. En esas condiciones, como ministro de Defensa Legal del Estado, ordené realizar lo que (Carlos) Mesa debía hacer en su momento: una revisión completa de todos los antecedentes y la documentación de la empresa y ahí saltó un documento gravísimo de problema societario”, manifestó el funcionario.
El lunes 18 de junio, en Sucre, el expresidente Carlos Mesa presentó una denuncia contra el ministro de Justicia; el de Minería, César Navarro; el procurador general, Pablo Menacho, y la exministra de Defensa Legal del Estado Elizabeth Arismendi, por los delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, al haber dejado a merced de chilenos la “majestad penal” del Estado.
Para Arce, en lugar de responder por los cargos que tiene en contra, Mesa optó por “victimizarse” y “salirse por la tangente” sobre la demanda que interpuso Quiborax.
Incluso reiteró que el exmandatario incumplió sus propias leyes y de manera equivocada dictó ese decreto, que establecía la anulación del contrato con Non Metallic Minerals (NMM) y Quiborax sin que se haya hecho las seis auditorías, como la técnico-financiera, ambiental y jurídica, entre otras.
Sobre la denuncia, el ministro Navarro consideró que el expresidente hace una “autovictimización mediática” y que tiene que responder por no acatar las normas, ya que uno de los argumentos que usó la demandante ante el Ciadi fue ese incumplimiento.
MESA RATIFICA
