REVERSIÓN
Mesa explicó que se revirtieron las concesiones mineras a Quiborax ante el incumplimiento de una serie de normas y el hallazgo de delitos.
El expresidente de Bolivia, Carlos Mesa, a través de su cuenta de Twitter, aseguró ayer jueves que la expulsión de la empresa chilena Quiborax durante su Gobierno fue una medida acertada y totalmente válida, tanto en el ámbito político como en el jurídico.
Las declaraciones de Mesa surgieron ante una nueva acusación en su contra por parte del ministro de Justicia, Héctor Arce, quien aseguró también en su cuenta de Twitter que “los Gobiernos liberales” vinculados al expresidente, Gonzalo Sánchez de Lozada, son responsables de la pérdida de Bolivia frente a Quiborax en un juicio ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).
En otro tuit, Mesa respondió a Arce y responsabilizó al Gobierno del MAS por la pérdida del juicio entre Bolivia y Quiborax ante el Ciadi.
La empresa chilena, representada por el estudio Bofill Mir & Álvarez Jana, comenzó a operar en Bolivia hace más de 16 años con exploración del mineral no metálico de ulexita en el Salar de Uyuni, del Departamento de Potosí, a través de una sociedad con Non-Metallin Minerales SA.
Sin embargo, en la gestión 2004, tras la emisión del Decreto Supremo 27589 durante el Gobierno de Mesa, se determinó revertir las concesiones mineras que tenía Quiborax en esa región potosina.
En 2006, al no lograrse acuerdos de compensación con el Gobierno, la empresa chilena demandó ante el Ciadi a Bolivia por 66 millones de dólares.
En septiembre de 2015, Ciadi falló a favor de Quiborax, estableciendo en 48.6 millones de dólares el monto de indemnización. Bolivia apeló de inmediato. Sin embargo, el 18 de mayo de 2018, Ciadi desahució el laudo nacional y a través de un fallo confirmó los montos establecidos en 2015.
FALLO DE CIADI
La pasada semana, el Gobierno boliviano cumplió con el fallo que dictó Ciadi y acordó un pago de 42.6 millones de dólares a la empresa chilena, tras un acuerdo con esta.
El ministro de Justicia manifestó que el Gobierno de Mesa no realizó las respectivas auditorías a las irregularidades de la empresa nunca hubiese habido un arbitraje contra el país.
