Luego de que se conoció el caso de José Alonzo, un privado de libertad que permaneció por más de siete años en el penal de Palmasola en Santa Cruz cuando su sentencia por robo era de tres años, el Ministerio de Justicia ordenó ayer a los funcionarios judiciales hacer una indagación minuciosa en las cárceles para detectar hechos similares.
El viceministro de Transparencia, Diego Jiménez, enfatizó en que no se puede permitir que los privados de libertad que ya cumplieron con su sentencia permanezcan al interior de las cárceles. Añadió que esa situación es un descuido de las autoridades judiciales.
Dijo que la mayoría de las personas que se quedan tiempo adicional en los recintos penitenciarios son de escasos recursos, analfabetos y que muchas veces por esas condiciones desconocen los términos de sus sentencias.
La pasada semana, salió a la luz el caso de Alonzo, aprehendido por tentativa de homicidio, pero luego su proceso cambió de causa y fue condenado por robo a tres años en 2013. Pero cumplió más de siete y medio de reclusión. El poder judicial admitió el descuido y lo atribuyó a sobrecarga laboral.
