El rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Waldo Albarracín exigió la renuncia del magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Edwin Aguayo Aranda, por haber encubierto a los responsables de la falsificación de títulos universitarios supuestamente expedidos por esa casa de estudios superiores.
En conferencia de prensa, Albarracín denunció que en 2016, el actual magistrado Aguayo Aranda dejó sin efecto un proceso por falsificación de títulos de abogado y se benefició de "un resarcimiento" cuando ejercía como presidente del Colegio de Abogados de Potosí (ICAP).
ANTECEDENTES
El funcionario universitario entregó los antecedentes del proceso penal que cursan en estrados judiciales y detallan que en marzo de 2015, el Colegio de Abogados de Potosí (entonces presidido por Wilma Blazz), presentó denuncia contra Neyda Leny Pérez Taquichiri y Yuri Pabel Flores Rodríguez por falsificación de sus títulos de licenciados en Derecho, supuestamente extendidos por la UMSA.
Sin embargo, según detalló Albarracín, una nueva directiva del ente colegiado, encabezada por Edwin Aguayo Aranda, actual magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, firma "un desistimiento de la acción penal el 2 de mayo de 2016 para favorecer a los falsificadores".
Albarracín denunció que la UMSA nunca fue advertida del desistimiento, por lo que consideró que "se cometió un grave daño contra la institucionalidad universitaria".
Recordó que "los delitos de falsificación y uso de instrumento falsificado son de orden público; por consiguiente, no procede desistimiento alguno".
Según los antecedentes que mostró Albarracín, Aguayo Aranda, en calidad de presidente del ICAP, junto al vicepresidente de la institución, Jhony Alex Urzagaste, suscribieron un documento privado transaccional con los autores de la falsificación en el que acuerdan "un resarcimiento del daño provocado por los delitos cometidos".
El documento conciliatorio fue firmado el 2 de mayo de 2016, con el auspicio legal del abogado Marco Antonio Borda Belzu –hermano del actual diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Marco Antonio Borda– en el que prometen: "no proseguiremos la acción penal en contra de los imputados, siempre y cuando se dé el fiel cumplimiento del mismo".
Dijo que ese documento privado fue luego incluído como respaldo de la solicitud presentada ante el Minsiterio Público para dejar sin efecto el proceso argumentado que se habían "resarcido los daños a la parte querellante".
