El vicepresidente del Comité Ejecutivo del Transporte Pesado Nacional e Internacional, Juan Yujra, informó ayer que seguirán con los bloqueos en las principales vías del país para que el Gobierno abrogue el Código del Sistema Penal.
"Estamos firmes, no vamos a bajar la medida (bloqueos y marchas), con las empresas y las cámaras firmamos un documento donde estamos pidiendo la anulación de todo el código penal. Seguramente el señor Quispe habló a nombre de su asociación", aseguró Yujra a la agencia ANF.
Desde el lunes los afiliados de transporte pesado, junto a los trabajadores en salud, mantienen bloqueos en diferentes puntos del país. La Policía intervino los puntos en conflicto y habilitó las vías con el uso de agentes químicos.
ASALARIADOS
No obstante, a pesar de ratificar las medidas de presión, un grupo de transportistas asalariados, encabezados por Pedro Quispe, aceptó el diálogo con autoridades del Gobierno.
"Estamos de acuerdo, vamos a entrar en mesa de trabajo como choferes asalariados, este artículo 137 nos afectaba, tenemos que trabajar con todos los operadores a nivel nacional", dijo Quispe, representante del Sindicato de Choferes Asalariados del Transporte Nacional e Internacional.
El sector de los asalariados se reunieron con el ministro de Obras Publicas, Milton Claros, y el viceministro de Transporte, Galo Bonifaz, quienes saludaron la decisión de Quispe.
"Ya no hay motivo de bloquear, la asamblea ha derogado el 137, la triple sanción. El sector de transporte hará llegar la propuesta relacionada con un nuevo artículo que reemplace al 137", concluyó Bonifaz.
Yujra dijo que Quispe debió hablar a título personal y recalcó que los bloqueos en Oruro, Potosí, Cochabamba y Santa Cruz se mantienen.
COCHABAMBA
Por otro lado, la Federación de Transporte de Cochabamba anunció ayer miércoles un paro con bloqueos para el próximo martes, 16 de enero exigiendo la abrogación del Código del Sistema Penal.
El representante de la asociación, José Orellana, manifestó que el transporte sindicalizado del Departamento de Cochabamba esperó las señales del Gobierno de Evo Morales para la anulación de la totalidad de la ley 1005.
