La administración del presidente Evo Morales Ayma está segura de ganar el juicio marítimo contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, por lo que instruyó recopilar información sobre temas geográficos, comerciales y transporte marítimo con la finalidad de iniciar una negociación en vista a una salida soberana al Pacífico, anunció el vicepresidente Álvaro García.

No se conoce cuándo los magistrados internacionales emitirán el fallo, empero se lo espera para fines de 2018.

La demanda boliviana exige se obligue al gobierno chileno a cumplir con los compromisos hechos a lo largo de la historia de negociar una salida al Pacífico, que arrebató tras una invasión y posterior guerra en 1879.

Según García, la contundencia de los argumentos expuestos dan certeza de un fallo favorable a los intereses nacionales, lo “que nos obliga a que negociemos, a que nos sentemos Chile y Bolivia para dialogar, negociar temas concretos”.

Para ese escenario es primordial, dijo, estar preparados. “Para entrar a esa negociación hay que entrar con elementos muy claros en términos, geográficos, comerciales, en términos de transporte marítimo”, anticipó en alusión al pedido que hizo un día antes Morales a las FF.AA., para prepararse para la etapa de la pos demanda marítima.

“El presidente (Morales) ha pedido a los ministerios, incluido el Ministerio de Defensa y FF.AA., preparar los datos geográficos, los datos marítimos, los datos de transporte para que cuando se dé la negociación inevitable entre Chile y Bolivia tengamos de nuestro lado la suficiente argumentación para plantear nuestros argumentos al gobierno de Chile”, insistió.

Actualmente se está a la espera de que la CIJ fije el cronograma de las audiencias orales, ya que culminó la fase escrita del proceso instaurado en 2013 y que se activó luego que los jueces rechazaran un recurso chileno para evitar que el caso sea tratado.

Bolivia planteó, como registra la historia, una propuesta de solución a través de un corredor al norte de Arica. En 2015, Morales reveló que, durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, ambos jefes de Estado nombraron delegados para hallar una solución a la demanda.