Las familias de las 71 víctimas y los seis sobrevivientes luchan por cobrar indemnizaciones.

El club de fútbol brasileño Chapecoense demandará en enero de 2018 al Estado boliviano por permitir el vuelo cháter en el que murieron 71 personas hace un año, cuando la nave de la empresa LaMia se estrelló en Medellín, Colombia, pues, según el abogado Josmeyr Oliveira, hubo "irregularidades".

A esta demanda se suman los familiares de los jugadores fallecidos.

Oliveira, uno de los representantes legales la Asociación de Familiares del Vuelo del Chapecoense (Afav-c), dijo ayer al diario El Deber que la demanda "tomará en cuenta los resultados" de la investigación de la Fiscalía del estado brasileño de Santa Catarina "que identificó a los verdaderos propietarios de la aeronave siniestrada".

El 28 de noviembre de 2016, un avión "Avro RJ85" de la empresa LaMia se estrelló cuando transportaba al equipo, periodistas y asistentes de Chapecoense a Medellín para disputar el partido de ida de la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Nacional. Según la investigación, LaMia disponía de tres aviones, pero solo uno estaba en condiciones de volar.

El "Avro RJ85" tenía una autonomía de vuelo de 2.965 km, y en el vuelo que se accidentó debía recorrer 2.960 km entre Santa Cruz (Bolivia) y Medellín (Colombia). La controladora del aérea, Celia Castedo, advirtió "que el tiempo de ruta era igual a la autonomía de vuelo" y que el combustible "no era suficiente para llegar a Medellín", pero esa observación técnica "fue pasada por alto" por sus superiores de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares de la Navegación Aérea de Bolivia (Aasana), agregó.

El abogado no descartó demandar a Albacete "con el propósito de que los familiares de las víctimas obtengan los resarcimientos correspondientes".

Según un informe del Gobierno de Bolivia, donde las pesquisas del caso "están paralizadas", según El Deber, la responsabilidad del accidente "fue del piloto boliviano Miguel Quiroga", muerto en el siniestro, quien figuraba como propietario del avión. "Las familias de las víctimas y los sobrevivientes,  tienen derecho a recibir indemnizaciones por daños materiales y morales", dijo Oliveira.

Procesados

Gustavo Vargas Villegas, responsable de la oficina de registros de la Dirección General de Aeronáutica Civil de Bolivia (DGAC), y su padre, Gustavo Vargas Gamboa, quien era gerente de LaMia, son procesados legalmente por "incumplimiento de deberes".

Ambos estuvieron detenidos, pero ahora se defienden en libertad. Según El Deber, los funcionarios aeronáuticos y judiciales de Colombia presentarán un informe final antes de que termine el año.