Aproximadamente al mediodía de ayer la oposición denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Gobierno, los legisladores oficialistas y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) por la violación del Pacto de San José de Costa Rica en su afán de repostular al presidente Evo Morales en 2019.

El bloque de cinco líderes detractores, representado por los senadores de la alianza UD,  Óscar Ortiz, y Arturo Murillo, además del abogado constitucionalista Carlos Alarcón, se presentó ante esa dependencia de la Organización de Estados Americanos (OEA) para denunciar que el oficialismo intenta desconocer a los más de dos millones de Bolivianos que rechazaron la repostulación en febrero de 2016 “los derechos de participar en la dirección de los asuntos públicos directamente y de votar” reconocidos en el artículo 23, numeral 1, incisos a y b de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Lo hicieron un día después que una delegación del oficialismo, compuesta por el ministro de Justicia, Héctor Arce, y la presidente de Diputados, Gabriela Montaño, se presentó ante el Consejo Permanente de la OEA para explicar las acciones legales emprendidas en Bolivia en busca de lograr la repostulación indefinida de funcionarios electos.

Los opositores enumeran “tres violaciones” para ese efecto: la Ley de Aplicación Normativa de 2013 con la que no se contó el primer mandato de Morales (2005-2010); el referéndum constitucional del 21 de febrero de 2016 que buscó ampliar las repostulaciones  a dos continuas; y la admisión del TCP del recurso legal para validar, lo que denominan, “la cuarta reelección continua de los actuales mandatarios”.

“Al admitir esta demanda, el TCP usurpa las funciones del poder constituyente y del cuerpo electoral constituido por el soberano que ya tomó una decisión con efecto obligatorio, inmediato y vinculante en el referendo del 21 F”, escribieron los opositores.

Aseguran que los derechos citados “pierden su esencia y carecen de sentido y efectividad, si los resultados mayoritarios de dos referendos no se respetan y cumplen como lo exige y manda el soberano”, según se lee en parte del legajo de 24 fojas que fue presentado ante la CIDH que depende de la OEA.

“Estos derechos quedan aniquilados cuando decisiones legislativas y judiciales, manipuladas e instrumentalizadas por el gobierno de turno, se colocan por encima de la CPE, del voto ciudadano y de la soberanía popular”, dice el documento.

Así, replicaron al recurso legal que el gobernante MAS presentó el 18 de septiembre ante el TCP para declarar la inconstitucionalidad de cinco artículos de la Ley Electoral y la inaplicabilidad de cuatro de la CPE referidos al límite del mandato.

El oficialismo enarbola el mismo articulado de la Convención supranacional para sustentar su petitorio, pues asegura que con la vigencia de los artículos impugnados se vulnera el ejercicio de los derechos políticos de los gobernantes electos.

La denuncia opositora advierte que “está en juego en esta petición la sobrevivencia de la democracia y el Estado de Derecho en Bolivia, y además de los derechos políticos invocados, también está en juego el respeto a la Carta Democrática Interamericana de la OEA”, que fija “el acceso al poder y a su ejercicio con sujeción al estado de derecho…”.