
DAÑO ECONÓMICO
El 12 de febrero de 2015, la Contraloría reveló un daño económico de Bs 71 millones. Seis meses después, la Intervención al Fondioc reportó Bs 102 millones.
La jueza segunda de Instrucción Penal, Wiat Belzu, rechazó ayer que la exministra Julia Ramos deje la cárcel de Obrajes en La Paz, donde permanece con detención preventiva dentro de la investigación por los malos manejos en el Fondo Indígena.
Un recurso de cesación a esa medida cautelar fue presentado por la defensa jurídica de la también exdirigente campesina, pero la evaluación desarrollada por la administradora de justicia determinó que siga privada de libertad.
Ramos permanece recluida en el centro penitenciario desde diciembre de la gestión 2015, luego de ser acusada de malos manejos de recursos en ocho proyectos "fantasma" cuando era integrante del directorio del Fondo Indígena.
Dentro del proceso judicial también está involucrada la exministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, y otros exdirigentes de organizaciones afines al MAS.
El abogado de Ramos, Paul Gutiérrez, precisó que por cuarta vez se rechaza a su cliente la cesación de detención preventiva, a pesar de haber desvirtuado los riesgos procesales.
"En cada solicitud de cesación de la detención preventiva hacen aparecer una nueva novedad, requieren nuevos elementos y generan inseguridad jurídica en perjuicio de la señora Ramos", afirmó.
La exfuncionaria está acusada por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica en el caso del Fondo Indígena.