El Ministerio de Desarrollo Productivo y los dirigentes de los comercializadores de ropa usada, acordaron abrir un proceso de investigación, al destino de 80 millones de Bolivianos utilizados en 2007, para financiar un plan de reconversión productiva que fracasó, en su intento de fomentar la producción nacional y luchar contra la ropa usada.
Ese es uno de los acuerdos al que arribaron el Gobierno y dirigentes de la Comisión Nacional de la Ropa y Prendería a Medio Uso, mientras la continuidad del proyecto de Ley de Asignación Competencial para que las alcaldías municipales decomisen ropa usada en comercialización, cayó en contradicciones.
La presidente de la Comisión Nacional en Defensa de la Prendería y Ropa a Medio Uso, Elizabeth Verástegui, aseguró ayer que el proyecto de ley fue suspendido, mientras en dos mesas de trabajo se pueda discutir las observaciones al proyecto de ley y las políticas de reconversión.
