En las cooperativas mineras existe un mundo sin derechos laborales, donde el Estado desapareció como garante y la única ley que rige es la del socio empresario. Esa es la conclusión a la que arribó una publicación del Observatorio Boliviano de Empleo y Seguridad Social (Obess), dependiente del Centro de Estudios para el Desarrollo Labora y Agrario (Cedla).
En el documento "Cooperativas mineras - Un mundo sin derechos laborales ¿Un nuevo modelo capitalista?" se hace una reflexión bajo una mirada crítica, describiendo las condiciones en que se desempeñan algunas cooperativas mineras.
Según el Obess, hasta los luctuosos hechos recientes provocados por el conflicto entre los mineros y el Gobierno de Evo Morales, ambos actores coincidían en que las “cooperativas” eran tales y no empresas, ocultando la realidad de gran parte de estos establecimientos que se transformaron en empresas capitalistas por, entre otras razones, explotar fuerza de trabajo.
Como efecto del conflicto, el Gobierno promulgó cinco disposiciones legales orientadas a restringir los contratos de las cooperativas con empresas privadas y extranjeras y reconocer los derechos laborales de los trabajadores asalariados. Sin embargo, la publicación advierte que en el futuro es incierto el grado de cumplimiento de estas normas, en particular, con relación a los derechos laborales.
Según un estudio de 2010 por el Cedla sobre las cooperativas mineras de Potosí y Oruro existían tres formas de producción que eran la artesanal, manufactura y la maquinizada, con predominio de la segunda que concentraba a más del 95 % de la fuerza laboral y a casi la totalidad de la producción.
En general, las cooperativas mineras –de acuerdo con el Centro de Estudios- se caracterizaban por desarrollarse en formas atrasadas de producción debido al uso limitado de tecnología y al mayor despliegue de trabajo manual de modo individual o en pequeños grupos denominados cuadrillas, lideradas por socios llamados cabecillas.
En la comercialización, están supeditadas al capital comercial vía precios, adelantos y alquiler de compresoras.
Un rasgo central de las cooperativas, es la creciente explotación de fuerza de trabajo. Tanto en Potosí como en Oruro un poco más del 50 % eran asalariados, varios de ellos jóvenes estudiantes. Precisamente, por la mayor presencia de asalariados y porque la propiedad, la producción y la apropiación del producto no está basada en la cooperación, la solidaridad y la distribución equitativa.
El estudio del Cedla concluyó: “las cooperativas solo sirven como personerías jurídicas que agrupan a pequeños productores mercantiles individuales y a empresarios capitalistas, vale decir, son empresas y no propiamente cooperativas".
Según datos del INE, en 2014, año cuando aún regían precios altos de los minerales, la población ocupada en la minería, alcanzaba a 100.563 personas, de las cuales el 17,3 % eran jóvenes de 15 a 24 años (17.455). Extendiendo el rango de los jóvenes hasta los 29 años; la participación de esta población superaba el tercio (35,5 %).
Otra fuente de información mencionada por el Cedla refiere que en 2013, la población ocupada en las cooperativas, alcanzaba a 114.520 personas, equivalente al 87,4 % del total de ocupados en la actividad minera (130.932). Respecto de 2006, los ocupados se duplicaron.
Los asalariados en las cooperativas mineras, trabajan en condiciones precarias y muy precarias. La temporalidad de los contratos, los salarios cambiantes en función del comportamiento de la demanda de minerales en el mercado mundial, la intensidad del trabajo que supera las ocho horas sin el pago de horas extraordinarias; la irregular cobertura de la seguridad social y el desconocimiento de derechos colectivos como el de sindicalización, retratan bien la precariedad en las que trabajan.
A la precariedad laboral, debe agregarse el alto riesgo que implica trabajar en el interior de las minas.