El alcalde titular de Potosí, Jhonny Llally, dejó la cárcel de Cantumarca este viernes después de cinco meses de detención preventiva por la supuesta comisión de delitos sexuales; sin embargo, todavía no podrá retornar a su cargo porque no se aprobó su pedido de que su detención domiciliaria sea con derecho al trabajo.
Quien debe determinar si el alcalde puede ir a trabajar a su despacho es el juez que le otorgó la detención preventiva, Raúl Raya, que es quien está sustanciado el caso por la presunta comisión de los delitos de violación, abuso sexual y acoso sexual que fue abierto a raíz de la denuncia presentada por Y.J.P., una ex dirigente de la Junta Distrital de Padres de Familia que ahora trabaja en la Alcaldía con un sueldo superior a 5.000 Bolivianos. Fue contratada en enero de este año por la entonces alcaldesa interina Lesly Flores.
Raya aceptó cambiar la medida cautelar de detención preventiva por la de detención domiciliaria, pero no se pronunció respecto al derecho al trabajo, que está condicionado el cumplimiento de las condiciones fijadas para acceder a la detención domiciliaria. La familia de Llally dice que eso tendría que determinarse en audiencia.
El Ministerio Público ha apelado la decisión de Raya, así que el juez debe resolver ese incidente. Es probables que la audiencia para ese fin se realice el lunes. Uno de los abogados de las denunciantes dijo que, además, está pendiente la determinación de medidas cautelares en otro caso de violación para el que se ha pedido otros cuatro meses de detención preventiva. La audiencia para determinar estas se realizaría el martes.
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