El ministro de Gobierno, Carlos Romero, ordenó ayer investigar a los funcionarios de Migración y a supuestos policías que protegen al propietario del clausurado club nocturno Katanas, Marco Cámara, implicado en trata y tráfico de personas.

"Se investigará si existen policías y funcionarios de Migración que ampararon el ingreso de extranjeras víctimas de trata y tráfico de personas para fines de explotación sexual", informó en rueda de prensa.

En el caso de los policías dijo que existen rumores de algún contrato de protección con el Batallón de Seguridad Fisca Privada (BSFP), aunque aclaró que se esperará el informe de la Policía.

El ministro de Gobierno afirmó que la investigación será rigurosa y dijo que si se hallan indicios, serán presentados a la opinión pública, y se pondrá a los culpables a disposición del Ministerio Público y del Órgano Judicial.

"Lo digo no por una promesa declarativa, sino porque soy uno de los pocos ministros en la historia del país que desmontó una red de extorsión, que involucraba a sus propios abogados, puso en prisión a fiscales y jueces, de una poderosa red de extorsión en la ciudad de Santa Cruz", recordó.

Romero dejó establecido que no hay ninguna relación entre el ministerio de Gobierno, autoridades y funcionarios con Marco Cámara, propietario de ese club nocturno.

PERJUICIO

Un grupo de bailarinas de Katanas negó las acusaciones de trata y tráfico contra este local. Las jóvenes manifestaron que se sienten perjudicadas por el cierre de su fuente de trabajo y pidieron que se procese también a la denunciante, Nohemí Cámara, hija del dueño de este establecimiento.