La audiencia de la exministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo fue suspendida y reprogramada, debido a que el fiscal Daniel Ayala no se presentó. Hoy debía resolverse el pedido de cesación de su detención preventiva, fijada dentro del caso Fondo Indígena.
La exfuncionaria de Estado debía comparecer ante la justicia a las 14:30 de ayer, pero ante la inasistencia del investigador asignado al proceso, la sala penal tercera difirió el encuentro para el viernes a la misma hora. La defensa judicial de Achacollo protestó por la decisión.
Achacollo llegó hasta juzgados con escolta policial y espero por varios minutos el inicio de la audiencia, luego se le confirmó que fue cambiada de fecha y fue trasladada a la cárcel para mujeres de Miraflores, donde permanece hace más de un mes.

AUTORIZACIÓN
La exministra es acusada por haber autorizado el desembolso de 3.6 millones de Bolivianos para nueve organizaciones sociales, además de la erogar otros montos del Fondo Indígena para tres proyectos tildados de "fantasmas".
En agosto, Achacollo fue enviada de manera preventiva a la cárcel por encontrarse los suficientes elementos de culpabilidad en las irregularidades dentro del Fondo Indígena.
La extitular de Desarrollo Rural y Tierras, manifestó ayer en la tarde que no solicitó ser trasladada al penal de Palmasola de Santa Cruz y que se quedará en La Paz para demostrar su inocencia.
"(No he solicitado) ningún traslado, me he quedado a defender aquí hasta defender mi inocencia eso dije y lo vuelvo ratificar", dijo al salir de la audiencia de cesación a la detención preventiva que se suspendió para el viernes a las 14:30.
La defensa de Achacollo aseguró que desvirtuarán el riesgo procesal de trabajo ante la autoridad judicial acreditando los documentos pertinentes.
El abogado de Achacollo, Ángel Mercado aseguró que su defendida fue ilegalmente aprehendida y reiteró su inocencia debido a que aportó con varios elementos que ayudaron en la investigación.
Se la imputó por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. La Contraloría denunció en 2014 un daño económico de Bs 71 millones; una intervención cuantificó 102 millones de daño, por existir varios sin entregar.