En un comunicado conjunto, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Periodistas de Potosí (APP) denunciaron este lunes la conminatoria a declarar como testigo al periodista Germán Vidaurre y la negativa de declarar del presidente ejecutivo de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), Marcelino Quispe, como nuevas restricciones al trabajo de la prensa, notoriamente afectada en sus libertades a partir del gobierno de Evo Morales.

Por su parte, la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) denunció la actitud del juez Jhonny Buhezo quien insiste en aplicar el principio de compulsión para obligar a Vidaurre a presentarse a declarar como testigo, pese a que su testimonio podría constituir una vulneración al secreto de la fuente, garantizado por el artículo 8 de la Ley de Imprenta. " El periodista Vidaurre respondió al mandamiento de comparendo a través de un memorial en el que se excusa en cumplimiento de la Ley de Imprenta que protege el secreto de fuente informativa, y el artículo 197 del Código de Procedimiento Penal", dice la alerta de la ANP.

"La solicitud de aprehensión fue interpuesta a pesar de que el periodista se excusó de declarar arguyendo que no podía oficiar de testigo porque violaba el secreto de fuente que está protegido por la Ley de Imprenta", dice, por su parte, el comunicado conjunto de la ANPB y la APP.

"Por otra parte, repudiamos la vulneración del derecho de libre acceso a la información pública por parte del presidente ejecutivo de la Comibol, Marcelino Quispe, que el pasado 5 del presente increpó al periodista Marvin Valda, del diario El Potosí, y se negó a responder respecto a las acciones que su despacho tiene previstas para evitar el colapso del Cerro Rico de Potosí", agrega.

El documento también señala que "la ANPB y la APP repudiamos la conducta de dichas autoridades estatales que, en su función pública, tienen la obligación de respetar la normativa nacional e internacional que protege la libertad de prensa".

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