La Federación de Cooperativistas Mineras de Bolivia (Fencomin) quedó descabezada y de esa forma el movimiento que iniciaron, por un pliego petitorio de más de 10 puntos, luego de la aprehensión y la posterior imputación de su presidente y otros cinco dirigentes, por la presunta comisión del delito de asesinato del viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes en Panduro.
Hasta el cierre de edición (00:00) la audiencia de medidas cautelares de seis dirigentes de Fencomin, instalada por la juez de turno Ana Dorado, se desarrollaba pese a la resistencia de los abogados patrocinantes.
Los abogados defensores solicitaron un cuarto intermedio de 24 horas porque ninguno conoce el cuaderno de investigaciones, pero la juez determinó dar 10 minutos a todos los abogados para que lean tres voluminosos archivadores que contiene toda la acusación.
La Fiscalía recibió el respaldo del comando de la Policía y del Ministerio de Gobierno, que también se presentaron como querellantes.
El presidente de Fencomin, Carlos Mamani, fue asistido por defensa pública y renunció en audiencia porque ya contaba con abogado particular.
Un informe difundido por la Fiscalía señala que Mamani fue imputado por los delitos de asesinato; robo agravado; organización criminal; tenencia y porte o portación ilícita; y atentados contra miembros de organismos de seguridad del Estado, en grado de autoría.
CASTA PRIVILEGIADA
"Los cooperativistas mineros serán, pese a su inicial resistencia contra la nueva ley, quienes recibieron mayores beneficios, con la promulgación de la Ley Minera (ley número 573), en mayo del año 2014", así lo previeron Pablo Villegas y Marco Gandarillas, expertos en temas mineros e investigadores del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib).
Luego de una semana turbulenta en el conflicto de Fencomin con el Gobierno y que derivó en el asesinato del viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes, y la muerte de tres socios, nuevamente se cuestionan los privilegios de los que goza la Federación de Cooperativas Mineras en la estructura del Estado.
Según el analista Roger Cortez, los expertos manifestaron el 25 de mayo de 2014 que la nueva ley minera consolida la creación de una casta privilegiada, los cooperativistas mineros, cuyos derechos están por encima de todos los actores económicos y sociales del país.
