DENUNCIA
En febrero de este año, el periodista Carlos Valverde denunció un presunto tráfico de influencias entre el Gobierno y la firma china CAMC.
El ministerio de Transparencia impugnó la resolución de la comisión de fiscales que exime a Gabriela Zapata de los delitos de uso indebido de influencias en grado de complicidad, falsedad material, ejercicio indebido de la profesión y enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado. Anunció la presentación de una demanda penal contra la expareja de Evo Morales por seis delitos.
El miércoles 17 se conoció que el Ministerio Público, en un primer caso, eximió de culpa a Zapata de cuatro delitos. En esa decisión, la comisión de fiscales retiró cargos contra Cristina Choque, Jimmy Morales, Carlos Ramírez y Ricardo Alegría por no existir elementos suficientes.
"Se ha presentado una impugnación del Ministerio de Transparencia, están en su derecho, es parte del procedimiento que establece que (en) cualquier resolución las partes pueden presentar su impugnación", manifestó el fiscal del Estado, Ramiro Guerrero.
Guerrero defendió el jueves 18, la decisión de la comisión de fiscales porque no había suficientes elementos de prueba y destacó la imputación por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, contribución y ventajas ilegítimas, uso indebido de bienes y servicios públicos y asociación delictuosa.
Valdivia informó que la resolución fue apelada y que espera la resolución fiscal, aunque anticipó que será presentada “una acusación particular” por los delitos asociación delictuosa, legitimación de ganancias ilícitas, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, contribuciones y ventajas ilegítimas, y uso indebido de bienes y servicios públicos.
La ministra de Estado añadió, apoyada en los avances de las investigaciones, que Zapata utilizada el certificado de nacimiento del supuesto hijo con Morales para afirmar que tenía acceso a ministros y al presidente. Un grupo de cuatro personas, entre ellos el abogado Walter Zuleta, quien pidió refugio en Perú, tomaban contacto con empresarios.
“Sostenían reuniones incluso para tratar tema de negocios, vinculadas al sector privado, apertura de casas de juego. Se presume que el dinero que logró acumular Zapata proviene de esas empresas”, reveló.
