La ministra de Medio Ambiente, Alexandra Moreira afirmó ayer que "el agua ya no es para jugar". Luego comunicó una resolución de esa cartera de Estado que, entre otras cosas, prohíbe expresamente el juego con agua durante el carnaval en el país.
"Nosotros estamos en la resolución ministerial (por carnaval), de una vez, prohibiendo el uso para el juego del agua, pero ahí, yo quisiera que me entiendan, que son también competencias municipales", aseveró la titular esta jornada.
Solicitó que funcionarios locales hagan cumplir ordenanzas municipales, que establecen sanciones y prohibiciones durante la festividad que se vivirá desde la próxima semana.
"El cuidado del agua es obligación de los municipios", aseguró la ministra de Estado.
El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (Gamlp) prohibió el juego con agua y advirtió con detener a quienes infrinjan la disposición, según contó hace un par de días el comandante de la Guardia Municipal, mayor Miguel Zambrana.
"Apelamos a la conciencia de la gente para que no derrochen en este carnaval y que cuiden este líquido que es tan importante para la vida", agregó Moreira, que ayer inspeccionó la construcción de la planta de tratamiento de agua potable en Chuquiaguillo.
Se conoce también que el ministerio de Medio Ambiente sancionará a las fraternidades que usen animales silvestres dentro de su vestuario durante el carnaval, según informó la directora general de Biodiversidad y Áreas Protegidas de esa instancia, Teresa Pérez.
La funcionaria anunció que se harán operativos de control durante estas fiestas, sobre todo en Oruro, donde personal de esa dependencia estará en el inicio y a la mitad de la entrada para hacer el decomiso.
Durante la pasada gestión, se inició un proceso penal contra siete de nueve fraternidades folclóricas de Oruro que fueron descubiertas exhibieron partes de animales silvestres e incluso especies disecadas durante el carnaval.
Para esta gestión se contará con un sistema de registro para verificar que las pieles o plumas que se utilicen no sean nuevas.
La CPE limita el uso animales silvestres a los usos y costumbres de los pueblos originarios, prohibiendo que los comercialicen en las entradas folclóricas. Según la Policía Forestal Medioambiental (Pofoma) el incumplimiento de la ley tiene pena de hasta seis años de privación de libertad.