El MAS y la oposición subieron el martes el tono de sus acusaciones mutuas de corrupción, a sólo 68 días del referéndum de reforma constitucional del 21 de febrero. Distintos dirigentes y legisladores se enfrascaron en debatir si los hechos de corrupción fueron peores en los llamados "gobiernos neoliberales" o durante la administración de Evo Morales.
La oposición se concentró en utilizar los sucesos del Fondo Indígena como su principal arma para atacar al gobierno sobre una supuesta "doble moral" en su lucha contra la corrupción. Calificó a la actual administración gubernamental como "la más corrupta".
Mientras tanto, voceros del MAS sacaron nuevamente a la luz hechos irregulares sucedidos hace más de una década. El gobierno alega que en el pasado los actuales opositores no solo "saquearon" sino que "desmontaron" el Estado.
Ambos frentes sostienen que hablar de la corrupción tiene un interés especial ante la convocatoria al referéndum de reforma constitucional para que el Presidente y Vicepresidente puedan postularse nuevamente a un cuarto mandato.
"No se puede confundir sobre quién denuncia y quién procesa a funcionarios de su propio gobierno, ello tiene más mérito", declaró la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño en referencia a que es el oficialismo el que intenta aclarar el tema del Fondo Indígena y sancionar a los responsables.
Montaño recordó que los hechos de corrupción no prescriben y que el gobierno se encargará de que la norma se cumpla. "La corrupción no tiene límite de tiempo para ser procesada y eso haremos cumplir", advirtió la legisladora.
El MAS aseveró que en el pasado la corrupción fue mayor a la de la actualidad. La ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Lenny Valdivia, dijo que las exautoridades opositoras que fugaron del país ocasionaron un presunto daño económico al Estado de $us 113,3 millones aproximadamente.
Los mencionados por el gobierno son los ex prefectos o exgobernadores Manfred Reyes Villa, Mario Cossío, Roger Pinto y José Luis Paredes. Por otra parte, el oficialismo impulsa en la Asamblea Legislativa la investigación de las privatizaciones, proceso que también habría causado daño económico al Estado.
Para la oposición la "corrupción en el Fondo Indígena es la evidencia que estamos viviendo el gobierno más corrupto", declaró el diputado de Unidad Demócrata, Tomás Monasterio".
Y que traer el pasado solo tiene el objetivo de distraer a la ciudadanía sobre la corrupción en la actual administración comentó el senador Arturo Murillo. "Los fondos reservados de la época neoliberal se ha cambiado por el Fondo Indígena de esta época. No distraigamos, no sigamos pensando sobre hace 11 años atrás cuando tenemos fresquito lo que nos están robando", dijo.
La ex ministra de Desarrollo Rural, Julia Ramos; la presidenta de CIDOB, Melva Hurtado, y el dirigente campesino, Remy Vera, tienen detención preventiva en tres cárceles de La Paz; los senadores Jorge Choque y Felipa Merino tienen detención domiciliaria y arraigo, respectivamente. Dos informes, de la Contraloría General del Estado y de la ex interventora del Fondo, encontraron daños al Estado.
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