El juez Anticorrupción, Ricardo Pinto, determinó ayer la detención preventiva para la presidenta de la facción oficialista de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), Melva Hurtado, el dirigente campesino Remy Vera.
Entretanto, la senadora del MAS, Felipa Merino, recibió medidas sustitutivas, en el marco de las investigaciones por el caso del ex Fondo Indígena.
Los dos dirigentes y la senadora fueron aprehendidos el 3 de noviembre.
Ayer, después de prestar sus declaraciones en la Fiscalía, los llevaron a una audiencia de medidas cautelares, donde la autoridad competente dictó la determinación.

DATOS
Hurtado, cumplirá su detención en la cárcel de Miraflores y no en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes, para evitar el contacto con otra de las imputadas como es la exministra Julia Ramos.
"El juez encontró peligro de fuga, no tiene domicilio y trabajo y el riesgo de destrucción de pruebas", dijo Eduardo León, abogado de Rafael Quispe.
Entretanto, Vera será trasladado al penal de San Pedro, donde también está detenido el exdirigente campesino, Damián Condori, quien se encuentra a la espera de que se resuelva una acción de libertad.
Mientras que la senadora Merino debe presentarse regularmente ante el Ministerio Público en cumplimiento a su arraigo y no debe tener contacto con testigos o involucrados en el caso del Fondo Indígena.
Merino aparece como responsable legal de un proyecto de desarrollo productivo de las afiliadas a las organizaciones Bartolina Sisa de la gestión 2011. El proyecto consistía en la implementación de granjas porcinas comunitarias, por el que recibió el monto de Bs 348.564.
La máxima dirigente de la Cidob (afín al Gobierno) aparece en al menos seis proyectos de ejecución irregular como representante legal, por lo que habría recibido más de Bs 21 millones.
Vera, en tanto, también dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), recibió 530.130 bolivianos como representante legal del proyecto de implementación de granjas artesanales para la producción de huevos en la comunidad de Buiscata del municipio de Ayata en el departamento de La Paz. Este proyecto está registrado en la lista de planes “fantasma” que identificó la exinterventora.