Tras el ampliado que realizaron sus afiliados entre miércoles y viernes pasado, la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) prepara la presentación de una Acción Popular que buscará, mediante un recurso Amparo Constitucional, la anulación de tres decretos supremos que autorizan la exploración y explotación de recursos naturales en áreas protegidas y territorios indígenas.
La magna asamblea de la APG se llevó a cabo en Macharetí, Chuquisaca, para analizar los tres decretos, que, señalaron los dirigentes indígenas, “vulneran los derechos” de los guaraníes y de los pueblos indígenas bolivianos en general.
Esos decretos son el 2366, que posibilita la exploración y explotación de hidrocarburos en áreas protegidas; el 2195, que tiene que ver con la exploración, explotación e industrialización de recursos naturales estratégicos; y el 2298, que se refiere a sistemas de consulta a los pueblos indígenas.
Los guaraníes afirman que estos decretos violan la Constitución porque alientan la explotación petrolera en sus territorios, afectando a su medioambiente, actividades productivas, cultura, etc.

DECRETOS QUE DIVIDEN
Hace aproximadamente un año que la Asamblea del Pueblo Guaraní - Itika Guazu (APG-IG) de Tarija se encuentra dividida. El 30 de julio la situación fue evidente, mientras el directorio de Hugo Arebayo, respaldó a YPFB para que explore y explote petróleo en las áreas protegidas del país; mientras que la otra cabeza, al frente de Never Barrientos, se opone a la actividad extractiva en las zonas ecológica.
En contacto telefónico con Erbol, Barrientos acusó al Gobierno de buscar apoyo de un dirigente desconocido y suspendido por sus bases, por supuestas irregularidades en su gestión, para viabilizar dichos decretos supremos.
“Está claro que no quiere respetar normas y procedimientos el Ministerio de Hidrocarburos y se ha dedicado a hacer la jurisdicción indígena y sería la usurpación de funciones, entrometerse en cosas orgánicas de la APG-IG y es donde se aprovecha el caudillo Arevayo”, aseveró.