La obligación natural y funcional de un cuerpo legislativo es legislar, pero, en el caso de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Potosí, su rendimiento es tan bajo que, según informó su nuevo presidente, Alberto Quispe, apenas aprobó cuatro leyes en lo que va del presente año.

Llevar el control de las leyes aprobadas no es fácil porque, para colmo, la Gobernación de Potosí ni siquiera cuenta con una gaceta en la cual se pueda buscar sus leyes. La que tiene en línea está desactualizada. Hasta el momento en que este diario advirtió que las leyes departamentales no eran cargadas en su página web, solo había normas hasta 2015. En los últimos días cargaron más leyes, lo que significa que recién han sido publicadas. Con todo, la última ley subida a la gaceta digital es la 159/2021, del 30 de noviembre de 2021.

Tras esa última actualización, se puede saber que en la gestión 2019 fueron aprobadas nueve leyes, en 2020 se llegó a 16 y en 2021 a 12. Por ello, este 2023 viene a ser, hasta ahora, el de más bajo rendimiento, aunque recién estemos a mitad de año.

En Alianza Social (AS), la agrupación ciudadana que dice no ser del oficialismo ni de la oposición, se admite que se trata de un rendimiento muy bajo y, si se sigue la lógica del ministro de justicia, Iván Lima, y se multiplica el número de leyes aprobadas por el presupuesto de la ALD, entonces cada una de esas leyes ha costado una millonada. El presupuesto de este año es de 20.715.200 Bolivianos y las leyes aprobadas son cinco, las cuatro referidas por Quispe y la que aprobó el presupuesto de 2023, incluyendo el incremento salarial para la Gobernación. La división arroja por resultado que cada ley costó Bs 4.143.040.

El asambleísta Ernesto Loza intenta justificar el bajo rendimiento recordando que los integrantes de la ALD hacen otras cosas, pero eso no se refleja en las sesiones en las que la mayoría, del MAS, aprueba a rajatabla todo lo que viene del ejecutivo, incluidos proyectos de ley, así que ni los asambleístas ni sus asesores proponen iniciativas legislativas.

También se aprueba modificaciones presupuestarias, que no son leyes, y la mayoría de estas para aprobar la construcción de canchas de césped sintético, recuerda el asambleísta opositor Reynaldo Romana quien señala que esas obras no son atribución del gobierno departamental, sino de los municipales.

La única ley de este año que puede considerarse de carácter productivo es la de la incorporación a la red vial departamental del tramo San Felipe de Colavi-Puente Taluma puesto que las otras tres referidas por Quispe son declarativas; es decir, declaran patrimonio a lugares como el cementerio de trenes de Uyuni y el templo de Tomave o a fechas históricas como la Batalla de Tumusla. Tienen importancia cultural, histórica y turística, pero, a menos que estén acompañados de proyectos productivos, no generan empleos ni tienen impacto directo en la economía de los lugares beneficiarios.

Pese a que en los últimos años Potosí batió récord en recaudación de regalías departamentales, la Gobernación ha descuidado los proyectos productivos.

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