El fiscal del asiento de Tupiza I.A.A.D. fue aprehendido ayer por el presunto favorecimiento a un ciudadano que es investigado por la supuesta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas en un caso que habría ocurrido el 3 de julio recién pasado.
En conferencia de prensa, el fiscal Departamental de Potosí, Gonzalo Aparicio, informó que el personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) de Villazón, detuvo el viernes 3 de julio a Silvio Mendoza Coria en posesión de 20 bolsas en las que encontraron 542.000 gramos (542 kilos) de marihuana dentro de un motorizado.
El caso fue remitido al asiento fiscal de Tupiza y, el 4 de julio, esa autoridad llevó al aprehendido a una audiencia de consideración de medidas cautelares en la que habría solicitado medidas menos gravosas a la detención preventiva pese a que se trata de un delito de alta gravedad debido a la cantidad de droga involucrada y los tratados internacionales que tiene el país respecto a la lucha contra el flagelo del narcotráfico.
El juez dispuso la detención domiciliaria del imputado con presentación de garantes y otras medidas lo cual llamó la atención de la Fiscalía que desplazó un equipo de trabajo a Tupiza al igual que la Fiscalía General del estado.
Primero se abrió un proceso de investigación contra el funcionario fiscal que fue aprehendido y está a la espera de la aplicación de medidas cautelares a cargo de una autoridad competente.
El equipo de fiscales anticorrupción realizó el relevamiento de la información sobre el caso como la imputación por ese caso de narcotráfico, la fundamentación realizada y otras que llevaron a que el investigado por corrupción no vaya preso y tenga otras medidas menos gravosas.
Llama la atención que en la imputación formal realizada por el fiscal de Tupiza se desarrolla una larga fundamentación jurídica indicando el riesgo de peligro para la sociedad previsto en el artículo 234 del Código Penal Procesal, sentencias constitucionales y formulación de los enunciados de la Convención de Viena de 1988, la cual hace ver que conocía la gravedad del delito, pero, curiosamente, solicitó medidas alternativas a la detención preventiva para el imputado.
