Las tiendas de campaña volvieron esta madrugada al centro de Lisboa y Oporto en las protestas por el acceso a la vivienda, después de que el primer ministro portugués, Luís Montenegro, anunciara reuniones con los principales partidos de la oposición y mientras continúa la controversia judicial sobre las restricciones horarias al derecho de manifestación.
Unas ochenta tiendas permanecían instaladas a primera hora de este miércoles en la plaza del Rossio, en Lisboa, y otras veinte en la plaza de João I, en Oporto. Los manifestantes pasaron la noche en ambas plazas, con una presencia policial discreta.
El Gobierno estudia medidas con otros partidos
El regreso de las acampadas mantiene la presión sobre el Gobierno, cuyo primer ministro anunció el martes por la noche que recibirá este jueves a los líderes del Partido Socialista, José Luís Carneiro, y de la formación de ultraderecha Chega, André Ventura, para escuchar sus propuestas sobre vivienda.
En una declaración al país, Montenegro defendió las medidas adoptadas por su Ejecutivo y sostuvo que un problema que se ha agravado durante más de una década necesita tiempo para resolverse.
El Gobierno extenderá también el diálogo a las restantes fuerzas parlamentarias.
El jefe del Ejecutivo aseguró que no resta valor a las manifestaciones y que escucha las preocupaciones de quienes protestan, aunque insistió en que no existen razones para importar «modelos de protesta violentos» de otros países del entorno europeo, una idea que viene repitiendo desde que comenzaron las movilizaciones.
Controversia judicial sobre las manifestaciones
En paralelo, las acampadas han abierto una controversia judicial sobre la aplicación de una norma de 1974 que fija las 00:30 como límite horario para las manifestaciones.
El Tribunal Administrativo de Lisboa consideró que ese límite no puede interpretarse como una prohibición absoluta y automática y autorizó a la activista Renata Cambra a permanecer de madrugada con una tienda en el Rossio hasta el 24 de noviembre, fecha prevista para la votación final de los presupuestos de 2027.
La autorización, sin embargo, debe compatibilizarse con el mercado navideño programado en la plaza.
El Ministerio Público recurrió ante el Tribunal Constitucional, como corresponde cuando una sentencia rechaza aplicar una norma por considerarla inconstitucional. Solicitó que el recurso tenga efecto suspensivo, mientras que la defensa de la activista reclama que la autorización siga vigente hasta que se resuelva.
El efecto del recurso constituye otro de los puntos de disputa, concretamente si corresponde a la jueza que dictó la sentencia determinar si su presentación suspende o no la decisión.
El Ministerio de Administración Interna (Interior) ha subrayado que la resolución se refiere a una situación individual, no reconoce un derecho general a instalar acampadas permanentes en espacios públicos ni se pronuncia sobre la legalidad de las intervenciones policiales.
Los manifestantes reclaman, entre otras medidas, revertir la nueva ley de arrendamiento, frenar los desalojos sin alternativa habitacional, aumentar la vivienda pública y establecer alquileres accesibles.
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