El Gobierno de Bolivia, presidido por Rodrigo Paz, le dijo este domingo al expresidente Evo Morales que «nadie está por encima de la ley», ante amenazas de él y sus seguidores de movilizarse desde el 13 de octubre en contra de algunas medidas económicas que aplicó el Ejecutivo.
El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, afirmó que Morales (2006-2019) tiene derecho a cuestionar las decisiones del Gobierno y convocar a movilizaciones pacíficas, pero sin imponer «amenazas, ultimátums o bloqueos».
“Nadie, por haber sido presidente o por tener capacidad de movilización, está por encima de la ley”, sostuvo Justiniano, citado en un comunicado de prensa de su cartera.
Congreso de Evo Morales en el centro de Bolivia
Morales lideró en la víspera un congreso con sus seguidores en el trópico de Cochabamba (centro), donde permanece desde noviembre de 2024.
«Si no abroga las normas de privatizaciones, de entrega de recursos naturales a las transnacionales, decretos inconstitucionales; si no es de buenas, va a ser a malas y el sábado (tenemos que) prepararnos (para) la movilización a partir del 13 de octubre”, dijo Morales en el encuentro.
Calificó al Ejecutivo como un “Gobierno corrupto, Gobierno sometido al imperio, Gobierno mentiroso”.
Justiniano le recordó a Morales que existen órdenes de aprehensión vigentes en su contra y que corresponde que se presente ante la justicia «y ejerza su defensa con las garantías establecidas por la Constitución».
En julio, la Fiscalía emitió una orden de captura contra el exgobernante por los delitos de alzamiento armado, terrorismo, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos, tras identificarlo como uno de los que encabezó las protestas y bloqueos de carreteras entre mayo y junio.
Las protestas
El conflicto, que duró más de 50 días, ocasionó desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en algunas ciudades y dejó al menos 16 fallecidos, 13 de ellos por falta de atención médica oportuna debido a los bloqueos, además de pérdidas económicas estimadas en 3.000 millones de dólares.
Además, Morales afronta otro proceso penal y orden de aprehensión desde 2024 por el delito de trata agravada de personas, acusado de haber mantenido una relación con una menor de edad con quien supuestamente tuvo un hijo, cuando aún era presidente. La Policía aún no ejecuta ninguna orden de captura.
Los sectores que siguen a Morales rechazaron las recientes medidas económicas como el retiro total a la subvención del diésel, el cierre de al menos 10 empresas estatales deficitarias, el congelamiento de salarios en los niveles jerárquicos del sector público, entre otras.
Bolivia vive un segundo estado de excepción, medida vigente hasta diciembre por el Gobierno para garantizar «la paz» y «la seguridad» de la población.
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