Un informe pericial de la Policía Federal (PF) de Brasil, publicado este miércoles, descartó la presencia de cocaína en un masivo cargamento de 260 toneladas de madera incautado el pasado mes de junio en Corumbá y Cáceres, en la frontera con Bolivia.
El hallazgo desmonta la hipótesis inicial del Servicio Federal de Ingresos (Receita Federal), entidad que en su momento catalogó la intervención como la mayor incautación de cocaína en la historia del organismo en Brasil, tras utilizar reactivos químicos preliminares que sugerían la presencia de droga diluida o impregnada en la madera.
Los análisis del Laboratorio de Criminalística de la Policía Federal se llevaron a cabo entre el 23 y el 29 de junio. Durante el procedimiento, según informan medios brasileños, los peritos seleccionaron piezas de madera al azar y, mediante el uso de motosierras y taladros, recolectaron nueve muestras compuestas por aserrín y astillas.
“Todas las pruebas y exámenes instrumentales descritos resultaron negativos para la presencia de cocaína impregnada en las muestras de madera enviadas para análisis pericial”, concluye el documento de la PF.
Posteriormente, tras el desmantele y descarga del mineral orgánico el 2 de julio, la madera fue sometida a una revisión adicional con canes adiestrados, los cuales tampoco detectaron sustancias ilícitas.
Esta resolución ratifica la postura previa de las autoridades bolivianas. A mediados de junio, el comandante policial de Bolivia, Mirko Sokol, ya había cuestionado el procedimiento brasileño e informado que contrapruebas preliminares mostraban la ausencia de estupefacientes, señalando que no existían razones para sostener la causa.
Impacto logístico y pérdidas millonarias
A pesar del informe pericial absolutorio, cuatro camiones continúan retenidos en la aduana de Corumbá, generando graves perjuicios económicos a los importadores, un incremento en los costos de transporte y la parálisis de la cadena de suministro.
El abogado Leandro Lobo anunció que interpondrá acciones legales –incluyendo un recurso de protección constitucional– para liberar la carga y exigir que los empresarios queden exentos de los cobros de tarifas aduaneras diarias, argumentando que la retención injustificada no fue responsabilidad de los dueños de la mercancía.
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