El fiscal ha mantenido este jueves en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial madrileña su petición de cuatro años y nueve meses de prisión para el entrenador del Real Madrid Club de Fútbol, Carlo Ancelotti, por defraudar algo más de un millón de euros a Hacienda.

En concreto le acusa de haber defraudado al erario público 1.062.079 euros en los ejercicios fiscales de 2014 (386.361 euros) y 2015 (675.718 euros) durante la primera etapa en la que el técnico italiano entrenó al Real Madrid.

Por su parte el abogado de Ancelotti, que en su declaración este jueves dijo que nunca pensó en defraudar a Hacienda y que él hizo lo que le dijeron el club y sus asesores, ha pedido su absolución y alternativamente que en caso de condena se le aplique las circunstancias atenuantes de reparación del daño, al haber saldado la deuda con fecha de diciembre de 2021, y de dilaciones indebidas.

Durante su informe el fiscal entiende que no cabe aplicar a Ancelotti la atenuante de reparación del daño ya que es verdad que terminó depositando 1.400.000 euros para pagar su deuda fiscal, el recargo de apremio y los intereses pero lo hizo el 27 de diciembre de 2021 tras intentar que fuera levantado el embargo decretado y tras un procedimiento de apremio por parte de la Agencia Tributaria.

«No es lo mismo decir que se ha saldado la deuda que ver cómo se ha saldado», ha comentado el fiscal, que estima que Ancelotti debe responder penalmente por dichos delitos por los que además de la pena de cárcel ha solicitado que sea condenado a una multa de 3.186.237 euros.

Abogado del Estado se suma

El abogado del Estado, en representación de la Agencia Tributaria, se ha sumado a la acusación de la Fiscalía por dichos delitos.

Ha mantenido que «en connivencia con el Real Madrid» Ancelotti montó un entramado societario para gestionar el cobro por la cesión al club del 50 por ciento de sus derechos de imagen, de tal forma que la entidad deportiva se beneficiaba fiscalmente y al técnico le permitía una ocultación para no tributar.

El letrado del Estado ha añadido que para el cobro de dichas cantidades Ancelotti utilizó una empresa sin actividad radicada en Islas Vírgenes, considerado un paraíso fiscal sin que a efectos penales pueda alegar ignorancia.

En la primera jornada del juicio Ancelotti declaró que ni el club ni sus asesores le advirtieron de que hubiera algo incorrecto en la forma en la que se gestionaban sus derechos de imagen y que siempre pensó que esa cesión era para percibir su salario de seis millones netos por temporada según se estableció en el contrato que firmó con el Real Madrid en 2013 para tres años.

El letrado de Ancelotti, Carlos Zabala, ha mantenido que su representado estuvo «mal asesorado» y que los contratos objeto del juicio «fueron una chapuza».

«El contrato de la cesión del 50 por ciento de sus derechos de imagen ocultaba la intención del Real Madrid de tener una tributación más cómoda y a Ancelotti le garantizaron que cobraría seis millones netos subieran o bajaran los impuestos», ha alegado el abogado.

Ha recordado que los inspectores de Hacienda que han declarado como peritos han reconocido que «puede que Ancelotti actuase en connivencia con el Real Madrid» por lo que se ha preguntado por qué no ha sido juzgado también el club.

Carlos Zabala ha abundado en que «Ancelotti no tenía claro lo que estaba firmando porque él no vendía camisetas y entendía que dicha cesión formaba parte de su salario pero se fio del Real Madrid y suponía que en todo caso si había algún problema lo tendría el club porque a él le daba igual» como se gestionara esta cuestión y solo quería cobrar el neto pactado en el contrato.

Ha manifestado que si el Real Madrid hubiera cumplido sus obligaciones de pago realizando correctamente las retenciones fiscales, que se ahorró, Ancelotti no estaría aquí porque el beneficio no lo sacó él sino el club.

En este sentido, Zabala ha recordado una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 2020 por un procedimiento por hechos similares que se siguió contra el Rayo Vallecano por no realizar las retenciones fiscales de contratos, en el que fueron juzgados los administradores del club pero no los futbolistas ni el entrenador.

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