El Gobierno autonómico de Isabel Díaz Ayuso ha intensificado en la última semana su ofensiva judicial e institucional contra la acampada por el derecho a la vivienda en la Puerta del Sol, que considera «absolutamente ilegal» y cuyo desalojo ha reclamado prácticamente desde que se instaló el pasado 26 de septiembre.

Al inicio de la protesta, la Comunidad de Madrid puso el foco en los daños al patrimonio protegido de la plaza o los perjuicios económicos a los negocios de la zona, pero en los últimos días ha elevado progresivamente el tono, hasta el punto de insinuar la presencia de terroristas entre los manifestantes o denunciar ante la Fiscalía «posibles delitos de odio» contra la propia Díaz Ayuso.

El primer paso para intentar forzar el desalojo de la acampada se dio el 29 de septiembre, cuando el portavoz del Ejecutivo regional y consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, envió un requerimiento al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, con un ultimátum: si no se desmantelaba la protesta en 48 horas, la Comunidad acudiría a los tribunales.

Martín desoyó la reclamación, alegando que estaba actuando de manera adecuada y que la protesta se enmarca en el derecho fundamental de reunión, por lo que el 31 de septiembre la Comunidad interpuso un recurso contencioso-administrativo, con petición de medidas cautelarísimas, con la intención de que la Justicia forzara a la Delegación a desalojar la plaza.

La Comunidad argumentó que la acampada es una «ilegal ocupación del espacio público», que genera perjuicios al turismo y al comercio y que no hay condiciones de higiene, y acusó a la Delegación del Gobierno de no haber actuado para proteger la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo madrileño, de daños en la fachada, ni la estatua del Oso y el Madroño.

El caso fue elevado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que en sendos autos (el último, dictado el 7 de octubre) se negó a adoptar tanto las medidas cautelarísimas como las cautelares solicitadas por el Gobierno de Díaz Ayuso.

Sin entrar al fondo del asunto, los magistrados consideraron que en este momento procesal no se ha acreditado la inactividad administrativa de la Delegación de Gobierno y apuntan a que en este tipo de casos se debe esperar un plazo de tres meses para interponer recurso por inactividad.

Ayer, la Comunidad de Madrid interpuso un recurso de reposición contra el auto que denegó las cautelares.

Las insinuaciones sobre grupos terroristas

El sábado 10 de octubre, en un mitin del PP, Díaz Ayuso pidió a la Delegación del Gobierno «saber si es cierto que hay un grupo que ha tenido antecedentes terroristas propalestinos gestionando la acampada».

Las declaraciones se producían después de que, el 1 de octubre, la organización proisraelí radicada en España Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM) afirmara públicamente que la red de apoyo a los prisioneros palestinos Samidoun, prohibida en varios países, estaba presente en la acampada.

Otro enfoque esgrimido por el Ejecutivo regional ha sido el de los riesgos que la acampada, afirman, podría conllevar para los viajeros de Metro especialmente en el caso de una evacuación urgente o una intervención de los servicios de emergencia, según una misiva del consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, remitida el martes al delegado del Gobierno.

Finalmente, ayer la Comunidad de Madrid activó una nueva vía judicial al denunciar ante la Fiscalía amenazas, insultos y expresiones ofensivas como «Ayuso, payasa, okuparé tu casa» o «Ayuso muérete», que a juicio del Gobierno autonómico podrían constituir «delitos de odio».

La Comunidad no ha descartado emprender la vía penal contra el delegado del Gobierno (como ya ha hecho Vox, que se querelló contra Martín el lunes) y tampoco acudir al Tribunal Supremo para que le obligue a desalojar la Puerta del Sol.

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